lunes, 6 de mayo de 2013

UN RANQUEL EN LA FERIA DEL LIBRO DE BS.AS.-ALICIA SUSANA BAIGORRIA-POETA


CLAUDIA EPUMER leerá un poema de ALICIA SUSANA BAIGORRIA- IDENTIDAD CULTURAL

identidad cultural


LA ARGENTINA DE LOS CACIQUES 


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Lunes 6 de mayo 17.30 horas - Presentación del libro LA ARGENTINA DE LOS CACIQUES - Sala J. Villafañe (pabellón amartillo)Feria del Libro de Buenos Aires
(El siguiente texto se puede copiar y canjear por una entrada gratuita en el día de la presentación)

sábado, 6 de abril de 2013

YATIÑ THAKI


Aldo Horacio Azamor ha compartido la foto de Crónicas de la Tierra sin Mal.
YATIÑ THAKI, el camino de la sabiduría
 
El 21 de marzo para el mundo andino, marca el inicio de una época en la que comienzan las peregrinaciones hacia las montañas, hacia lugares sagrados, hacia fuentes de agua, de personas que han sido señaladas por la vida para cumplir un rol especial; sea porque les ha llegado el rayo, porque han nacido de pie, o con seis dedos (sojtallas), con dos coronas, etc. Pero pese a que tienen esas señales, estos seres necesitan permiso, autorización y además tener un proceso de iniciación para comenzar a transitar su camino. Este proceso es guiado y asistido por los abuelos y abuelas mayores de cada comunidad, que son los que van a pedir el permiso correspondiente a los espíritus, a los achachilas, a las awichas y a la Pachamama y que luego van a enseñar a los yatiris que se están iniciando. Yatiri es un término aymara que significa “el que sabe”; aquel que conoce la dinámica de las leyes de la vida, de los principios de la cultura y de los misterios de la naturaleza. Cada 21 de marzo es la fiesta ceremonia de quienes asumen el compromiso de seguir este camino que la vida les ha señalado. Los yatiris son portadores de la sabiduría ancestral que se va guardando de generación en generación y que forman parte de un linaje de enseñanza.
 
Esta fecha además de marcar el equinoccio de otoño, marca el cambio de la parcialidad mujer a la parcialidad varón, la transición de Warmi Pacha a Chacha Pacha, el cambio de tiempo de lluvia a tiempo seco; es un tiempo para hacer descansar la tierra e interactuar con el cielo, de hecho el cielo se abre y nos permite ver las estrellas, por lo tanto ha terminado el tiempo de acción y se ha iniciado un tiempo de introspección, de reflexión, de amuki (silencio). Es por eso que en este tiempo se emprenden las peregrinaciones, las ceremonias para comprometerse con un camino, con la vida, con la pacha. Asumir este compromiso implica hacerlo hasta el final, para toda la vida, porque si bien la vida les ha dado ciertas capacidades naturales a estos seres, así también eso exige una gran responsabilidad y que es para toda la vida también. Porque quien emprende el camino de la sabiduría, emprende también el camino de la conciencia y la naturaleza de la conciencia es comunitaria, no individual, por lo tanto también se compromete a cuidar de la comunidad y de la vida en su conjunto. Esta fiesta ceremonia está ligada a la pervivencia de la sabiduría ancestral, las personas que se comprometen ya no son personas “normales”, son guardianes y transmisores de la sabiduría y la cultura de la vida.
 
Pero no solamente las personas señaladas pueden seguir este camino, en realidad está abierto a cualquier persona, pero por todo lo que implica, el yatiri que va a transmitir todos sus saberes tiene que asegurarse que las personas que los van a recibir, tengan buen corazón, sean confiables y sepan responder a la vida con seriedad y responsabilidad. 

Y más allá de quienes siguen este camino, todos estamos llamados a comprometernos con algo en la vida y en esta fecha nos toca preguntarnos si estamos cumpliendo con aquello con lo que nos comprometimos, o quizás si aún no hemos asumido ningún compromiso, es el momento para hacerlo, pues a todos se nos ha dado un rol, una capacidad de manera natural y es decisión nuestra lo que hacemos con eso y en qué medida vamos a aportar en el lugar en el que estamos. Si con eso vamos a construir o a destruir, si vamos a generar sonrisas o llanto, si vamos a sobrevivir simplemente o vamos a vivir plenos. Recordemos que el ciclo y el ritmo de los tiempos y de la historia nos está abriendo nuevas oportunidades y más allá de los problemas podemos renovarnos, devolvernos nuestros sueños y nuestra esperanza y no perdernos de lo grandioso que la vida nos está ofreciendo en este preciso instante.
 
Por Fernando Huanacuni Mamani, es aymara. Miembro de la Comunidad Sariri.

Del muro de: Comunidad Sariri
YATIÑ THAKI, el camino de la sabiduría

El 21 de marzo para el mundo andino, marca el inicio de una época en la que comienzan las peregrinaciones hacia las montañas, hacia lugares sagrados, hacia fuentes de agua, de personas que han sido señaladas por la vida para cumplir un rol especial; sea porque les ha llegado el rayo, porque han nacido de pie, o con seis dedos (sojtallas), con dos coronas, etc. Pero pese a que tienen esas señales, estos seres necesitan permiso, autorización y además tener un proceso de iniciación para comenzar a transitar su camino. Este proceso es guiado y asistido por los abuelos y abuelas mayores de cada comunidad, que son los que van a pedir el permiso correspondiente a los espíritus, a los achachilas, a las awichas y a la Pachamama y que luego van a enseñar a los yatiris que se están iniciando. Yatiri es un término aymara que significa “el que sabe”; aquel que conoce la dinámica de las leyes de la vida, de los principios de la cultura y de los misterios de la naturaleza. Cada 21 de marzo es la fiesta ceremonia de quienes asumen el compromiso de seguir este camino que la vida les ha señalado. Los yatiris son portadores de la sabiduría ancestral que se va guardando de generación en generación y que forman parte de un linaje de enseñanza.

Esta fecha además de marcar el equinoccio de otoño, marca el cambio de la parcialidad mujer a la parcialidad varón, la transición de Warmi Pacha a Chacha Pacha, el cambio de tiempo de lluvia a tiempo seco; es un tiempo para hacer descansar la tierra e interactuar con el cielo, de hecho el cielo se abre y nos permite ver las estrellas, por lo tanto ha terminado el tiempo de acción y se ha iniciado un tiempo de introspección, de reflexión, de amuki (silencio). Es por eso que en este tiempo se emprenden las peregrinaciones, las ceremonias para comprometerse con un camino, con la vida, con la pacha. Asumir este compromiso implica hacerlo hasta el final, para toda la vida, porque si bien la vida les ha dado ciertas capacidades naturales a estos seres, así también eso exige una gran responsabilidad y que es para toda la vida también. Porque quien emprende el camino de la sabiduría, emprende también el camino de la conciencia y la naturaleza de la conciencia es comunitaria, no individual, por lo tanto también se compromete a cuidar de la comunidad y de la vida en su conjunto. Esta fiesta ceremonia está ligada a la pervivencia de la sabiduría ancestral, las personas que se comprometen ya no son personas “normales”, son guardianes y transmisores de la sabiduría y la cultura de la vida.

Pero no solamente las personas señaladas pueden seguir este camino, en realidad está abierto a cualquier persona, pero por todo lo que implica, el yatiri que va a transmitir todos sus saberes tiene que asegurarse que las personas que los van a recibir, tengan buen corazón, sean confiables y sepan responder a la vida con seriedad y responsabilidad.

Y más allá de quienes siguen este camino, todos estamos llamados a comprometernos con algo en la vida y en esta fecha nos toca preguntarnos si estamos cumpliendo con aquello con lo que nos comprometimos, o quizás si aún no hemos asumido ningún compromiso, es el momento para hacerlo, pues a todos se nos ha dado un rol, una capacidad de manera natural y es decisión nuestra lo que hacemos con eso y en qué medida vamos a aportar en el lugar en el que estamos. Si con eso vamos a construir o a destruir, si vamos a generar sonrisas o llanto, si vamos a sobrevivir simplemente o vamos a vivir plenos. Recordemos que el ciclo y el ritmo de los tiempos y de la historia nos está abriendo nuevas oportunidades y más allá de los problemas podemos renovarnos, devolvernos nuestros sueños y nuestra esperanza y no perdernos de lo grandioso que la vida nos está ofreciendo en este preciso instante.

Por Fernando Huanacuni Mamani, es aymara. Miembro de la Comunidad Sariri.

Del muro de: Comunidad Sariri

domingo, 31 de marzo de 2013

PIEDRAS MAPUCHES


MUSEOS > GEOLOGIA PATAGONICA Y CULTURA INDIGENA

Piedras mapuches

A 13 kilómetros de El Bolsón existe un pequeño parque geológico donde se exhiben una gran variedad de raras piedras patagónicas con los colores y las formas de un caleidoscopio natural. Y en el centro del pueblo, un museo mapuche alberga piezas y reproducciones de instrumentos musicales, puntas de lanza, cerámica y platería de los indígenas de toda la región.
Por J. V.
Eduardo e Isabel Lucio son un matrimonio que durante 25 años se ha dedicado a recorrer la Patagonia en auto, recolectando piedras extrañas. Dos veces por año viajaban al sur y se internaban en la estepa y los bosques con su carpa a cuestas, utilizando algunas técnicas de la geología para identificar los yacimientos de interés. Entre tantas idas y vueltas, llegaron a compenetrarse a tal punto con la Patagonia que la adoptaron como lugar de residencia fija e instalaron un pequeño parque geológico. Además, Isabel –que es licenciada en Filosofía de la UBA– se dedica a estudiar el idioma, la simbología y la mitología mapuche.

Rocas preciosas

Un camino de tierra que caracolea por el bosque andino patagónico conduce hasta el Museo de Piedras Patagónicas, ubicado a 13 kilómetros de El Bolsón. En el portal de entrada, cuelga una cartel con la leyenda “Iaten K’Aike”, que en idioma tehuelche significa “donde viven las piedras”. Una sección del museo está instalada en un bosque de pinos donde se exponen al aire libre las curiosas piedras que los creadores del museo consideran “piedras preciosas”. Según explican, el concepto de piedras preciosas excede el límite de los suntuosos diamantes, esmeraldas y rubíes, y abarca a cualquier mineral o roca que tenga un valor estético. Y en la Patagonia esta variedad es casi infinita.
Al recorrer el pequeño bosque se va descubriendo una serie de rocas y minerales colocados sobre unos troncos de la zona. Muchos de los fragmentos están simplemente expuestos uno al lado del otro. Pero hay otros que están agrupados con un tratamiento artístico, como es el caso de unas fuentes de agua muy curiosas construidas con piedra y madera por el señor Lucio, quien se ha convertido en un experto artesano de la piedra e incluso en un hábil paisajista. Entre las rarezas en exhibición hay algunas que sorprenden incluso a los geólogos, como es el caso de un fragmento de calcedonia celeste que, según los expertos, es un verdadero incunable. El listado completo es inabarcable, pero entre las piedras más llamativas hay fluoritas de siete colores, ópalos transparentes, geodas de calcedonia con cristales de cuarzo en su interior, alabastros y ágatas pulidas artesanalmente. En otro sector hay una serie de “máscaras” naturales de piedra que parecen talladas por el hombre, pero no son más que un resultado de la naturaleza.
La segunda parte del museo es un sector techado donde se exhiben algunos ejemplares de notable rareza como los “huevos de trueno”, que hace 50 millones de años fueron masas de lava lanzadas al aire por volcanes y que contienen en su interior una amplia variedad de minerales.

Vida mapuche

En pleno centro de El Bolsón existe una casa mapuche donde funciona un curioso museo. En realidad, la casa es una reproducción de las modestas viviendas mapuches del siglo XIX, sin divisiones interiores y con un caldero en el centro. El Museo Kuifi Ruka fue construido con madera de ciprés y techo de paja, y alberga una muestra permanente sobre las distintas etnias indígenas de la Patagonia. El proyecto fue ideado por un matrimonio de artesanos, quienes desde hace 20 años trabajan en la recuperación de los elementos de las culturas indígenas del sur. La exposición fue armada de a poco, con muchos objetos que iban aportando los vecinos del pueblo. Allí se pueden ver instrumentos musicales indígenas, construidos en su mayoría por artesanos actuales. El más emblemático es el kultrung, una especie de tambor que acompañaba las danzas y cantos, y también los ritos ceremoniales de la “machi”, una sacerdotisa conhabilidades curativas.
Entre los componentes más importantes de la vida ceremonial mapuche que se muestran en el museo, está la kitra o pipa mapuche. Su uso era moderado y tenía una función ceremonial restringida a ocasiones muy especiales como el ñecurehuen, el machitún y el ngillatún. En general, eran de piedra o greda y había algunas pocas de plata que pertenecían a los hombres de mayor riqueza. En su interior se colocaba boldo, canela, maqui o molle. El lonko (cacique) encendía varias pipas que luego circulaban entre la comunidad. Excepto entre las mujeres solteras; para ellas estaba prohibido fumar.
El telar mapuche era una de las tecnologías fundamentales de esta cultura y varias reproducciones de diferentes tipos se exhiben en Kuifi Ruka. Los witrales eran manipulados por las mujeres con lana de chilihueque (guanaco), más tarde reemplazada por lana de oveja. En los telares se observan los motivos mapuches que espontáneamente tejió en ellos una indígena cuando descubrió el museo, y que dejó a medio terminar para que se conociera la técnica utilizada.
Las piezas más vistosas son las joyas de plata que realizó Héctor Ayala, el artesano creador del museo. Los modelos fueron copiados de diversos libros de antropología donde se explican los motivos de esta joyería, que tenía un carácter mágico para las mujeres. Y la pieza arqueológica emblemática es una punta lítica de proyectil de lanza de 20 centímetros de largo que aportó una vecina.

viernes, 18 de enero de 2013

ANCESTROS INDIGENAS SUSTRAIDOS


Hoy, 2 de noviembre, Día de los Muertos, en el sitio público y sagrado Punta Querandí homenajeamos a los antepasados del territorio del Río de la Plata. Al menos 116 cuerpos fueron sustraidos de cementerios ancestrales por parte de arqueológos, a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. La cifra suma 378 en todo el Humedal del Paraná Inferior (nordeste de la provincia y sur de Entre Ríos). Esta enorme cantidad contrasta con la imagen eurocentrista de la región, donde su pasado y presente indígena se encuentran "tapados". Se desconoce la ubicación actual de los restos óseos.

Este domingo 4 de noviembre desde el mediodía invitamos a una jornada en Punta Querandí (Dique Luján, Tigre): gacetilla aquí
Gran Bs.As. | 116 an...
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En Tigre, Escobar y Campana, desde el siglo XIX hasta la actualidad, distintos arqueólogos han extraído restos humanos que corresponden a por lo menos 116 personas de la época previa a la invasión europea en el Río de la Plata. Los números fueron divulgados en marzo por Daniel Loponte y Bárbara Mazza, pero no incluyen varios entierros, entre ellos de "las poblaciones de horticultores amazónicos históricamente conocidos como guaraníes", por lo que el número sería mayor. Muchos de estos espacios sagrados han sido destruídos o están en peligro por las grandes urbanizaciones de barrios privados.

Los mencionados arqueólogos pertenecen al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) y CONICET, y han sido cuestionados por organizaciones de pueblos originarios por su rol en el conflicto de Punta Querandí, en el norte de Tigre y sur de Escobar. Allí, un empresario inmobiliario quiere adueñarse de un lugar público que es reivindicado por indígenas y por diversos sectores sociales, y los especialistas trabajaron de forma privada para la empresa beneficiando el avance de los emprendimientos sobre las tierras.

En el 2001, el organismo nacional a cargo del resguardo del patrimonio arqueológico, el INAPL (dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación), reconocía la destrucción de espacios sagrados indígenas por negociados inmobiliarios en el partido de Tigre. En ese documento se hablaba de al menos dos sitios con inhumaciones que habían sido desaparecidos, Sarandí (por Nordelta - Constantini) y Garín (por Villa Nueva - EIDICO).

Una década después, a fines de 2011, desde el Movimiento en Defensa de la Pacha solicitamos a las autoridades arqueológicas nacionales y provinciales información precisa sobre la cantidad de restos humanos extraidos de sitios arqueológicos de la región y la ubicación actual de estos cuerpos. El Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico del Instituto Cultural Bonaerense, nos confirmó de la existencia de restos óseos del sitio Garín, sin dar más detalles.

Recordemos que este último yacimiento quedó cubierto o destruido por el country Santa Catalina, ubicado frente al campamento de Punta Querandí, del otro lado del Canal Villanueva, extendido en el 2000. Por eso, hemos pedido la restitución del cuerpo a los pueblos originarios para su reentierro en Punta Querandí, en cumplimiento con las normativas vigentes, fruto de años de luchas en el país y en todo el continente.

Mientras tanto, en marzo de este año, tomamos conocimiento de los datos divulgados en el artículo “Las prácticas mortuorias en el humedal del Paraná Inferior”, de Loponte y Mazza, pero sigue siendo desconocido el paradero de la mayoría de los cuerpos de los ancestrales pobladores de Buenos Aires.

El mes de noviembre, para muchas culturas originarias "el mes de los muertos", es un momento más que oportuno para divulgar esta información y reforzar los reclamos por el destino de los cementerios indígenas y el trato respetuoso a los cuerpos de nuestros ancestros que han sido violentados de sus lugares.


EXTRACTO DEL INFORME DE MAZZA Y LOPONTE


Un mapa en el que se incluyen algunos entierros que no están incluidos en el recuento divulgado en marzo por Loponte y Mazza.


Enterratorios en el sitio Lutz (Villa Paranacito, Entre Ríos)

"En los Bajíos Ribereños, ubicados en el sector continental del nordeste bonaerense, se recuperaron 116 individuos (30,7% de la muestra total). Provienen de los sitios Túmulo de Campana 1 (Zeballos y Pico 1858), Arroyo Sarandí (Lothrop 1932), Cañada Honda (Bonaparte 1951), Río Luján 1 (Petrocelli 1975), La Bellaca 1 y 2, Anahí, Las Vizcacheras, Garín, Otamendi 1 (Loponte 2008) y El Cazador 3 (Loponte y Acosta 2011).

"Con excepción de algunos sitios que nunca fueron fechados, el resto de los depósitos de este sector incluidos en este estudio están ubicados entre 1290 ± 40 y 680 ± 80 años 14C AP (Loponte 2008)".

"En el Delta inferior se recuperaron 136 individuos (36% de la muestra), provenientes de los sitios Túmulo 1 y 2 del Paraná Guazú, Cementerio 1 del Paraná Guazú, Túmulo 1 del Brazo Gutiérrez, Túmulo 1 del Brazo Largo (Torres 1911), Túmulo 1 del Paraná Guazú/El Cerrillo (Lothrop 1932) y Brazo Largo (Gatto 1939)".

"Dado que este espacio emergió básicamente con posterioridad a los 2000 años 14C AP (Acosta et al. 2010; Cavallotto 2005), la muestra recuperada debe considerarse posterior a dicha fecha".

"En el sector de Planicies Inundables, donde se encuentran los sitios Túmulo de Lucuix y Puerto Basilio (Greslebin 1931), Las Ánimas (Lafón 1971) y Cerro Lutz (Mazza 2010a); se recuperaron 56 individuos (14,8% de la muestra)".

"Estos depósitos también deben ser considerados posteriores a los 2000 años 14C AP, ya que se encuentran en el sector más reciente de la costa aluvial del río Uruguay. Cerro Lutz es posterior a los 1000 años 14C AP. Tres dataciones radiocarbónicas obtenidas sobre individuos inhumados en este sitio -esqueleto CL-10, 730 ± 70 años 14C AP (LP-1711); CL-3 976 ± 42 años 14C AP (AA77310); y CL-E9 796 ± 42 14C AP (AA77311)- y una cuarta (916 ± 42 años 14C AP, AA 77312), efectuada sobre Canis familiaris enterrado en un sector adyacente a las inhumaciones, confirman dicha antigüedad (Loponte y Acosta 2007; Mazza 2010a)".

"El registro mortuorio del sector de Praderas de Ibicuy, asciende a siete individuos (1,8% de la muestra), provenientes de los sitios Mazaruca (Torres 1903), Paraná Ibicuy 1 (Caggiano et al. 1978) y Escuela 31 (Loponte y Acosta 2007)".

"Las inhumaciones correspondientes a la unidad Delta superior-medio provienen de dos sitios: Cerro Grande de Paraná Pavón (González 1947) y Cerro Grande de Isla Los Marinos (Gaspary 1950). Ambos están ubicados en un espacio que emergió alrededor de 3500 14C AP (Acosta et al. 2010). Además, las representaciones plásticas alfareras que poseen ambos sitios tienen una cronología situada (por el momento) con posterioridad al 2000 C14 AP (ver un resumen en Loponte 2008). Las inhumaciones detectadas aquí ascienden a 63 individuos (16,7% de la muestra total)".

"Con todo, la base de datos se eleva a un número mínimo de individuos de 378".

jueves, 29 de noviembre de 2012

ONU DENUNCIA VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE HERMANOS ORIGINARIOS EN ARGENTINA


Abya Yala, Argentina- La ONU denuncia violaciones a los derechos humanos de los indígenas argentinos. (sep12-Juan Gasparini-periodicotribuna.com.ar-ayi) “DESPROTECCIÓN, DISCRIMINACIÓN Y REPRESIÓN CRÓNICA”.

El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el estadounidense James Anaya, acaba de publicar un informe revelador de la exclusión social, inseguridad jurídica, usurpación de tierras y la miseria que viven los pueblos autóctonos en Argentina, documento que refleja la misión de visita que realizara al país a fines de 2011, cuya presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está programada para el próximo 18 de septiembre 2012 en Ginebra.
 
Compuesto por 47 Estados elegidos anualmente mediante el voto secreto de la Asamblea General de la ONU, del que Argentina hoy es observador, el citado Consejo tiene previsto llevar a cabo ese mismo día un debate sobre el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en el mundo, con la intervención de panelistas de Malasia, Australia, Rusia, México y Kenya, e incluso votar luego una resolución para promover y reforzar el respeto de los derechos de esos pueblos, hacia el cierre de la sesión, entre el 26 y 28 de septiembre de 2012.

Por cierto, el tema de los pueblos indígenas figura en la agenda del Examen Periódico Universal (EPU), al que se va a someter Argentina el 22 de octubre venidero también en Ginebra, un mecanismo de control integral sobre el conjunto de los derechos humanos, en el que son invitados a formular recomendaciones los 193 Estados constitutivos de Naciones Unidas, y las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), con la asistencia de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, la sudafricana Navi Pillay, reunión que aguarda la presencia de representantes de la sociedad civil y periodistas procedentes de Argentina para dar cuenta de las deliberaciones.

Los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU son expertos independientes designados por consenso, de alta capacidad técnica y estatura moral, que bregan con autonomía de su nacionalidad y de acuerdo a la libertad de conciencia individual. No cobran sueldo por el trabajo al servicio de Naciones Unidas, que solo les cubre los viáticos para asumir el mandato, cuya duración es de tres años, renovable por otros tres años una sola vez. La Relatoría a cargo de Anaya se ocupa de defender los derechos de 370 millones de indígenas dispersos por el planeta; el 5% de la población del globo, que significan el 90% de la pluralidad cultural, y sus tierras el 80% de la biodiversidad.

Las conclusiones de la visita del relator Anaya a la Argentina muestran una desprotección, discriminación y represión crónica para con sus 2 millones de indígenas, aunque las cifras oficiales alcanzan a 600.329, el 1,7% de la población actual. Se trata de una heterogeneidad de 30 pueblos oriundos de superficies que en el presente se extienden en ciertas provincias del norte y del sur, quienes todavía sufren las secuelas del exterminio que padecieran durante la colonización del siglo XIX. 
Sus exponentes más numerosos son los mapuches en Patagonia, y los kolla, tobas y wichí en las provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Formosa y Santa Fe.

Las dificultades para reivindicar sus originarias "tierras y recursos naturales y de otros derechos, como la revitalización de sus culturales, costumbres y lenguajes", se suma a la "desventaja que sufren los pueblos indígenas en diversos ámbitos, la falta de una adecuada protección de sus derechos sobre sus tierras tradicionales, y el continuo desarrollo de patrones de marginalización y de discriminación hacia ellos", detalla el informe de Anaya, cuyo enlace para su consulta electrónica se ofrece al pie de esta nota.

Anaya, un catedrático norteamericano de ascendencia indígena, resalta el conflicto, aún sin solución en Argentina, que "deriva de la desposesión histórica de grandes extensiones ... por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades indígenas", cuya su casi totalidad no ha conseguido "un reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupación tradicional".
Tras recoger alrededor de 170 testimonios y concretar sus propias investigaciones en 10 de las 23 provincias del país y en la Capital Federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Anaya constata que Argentina carece de "un procedimiento para la titulación de tierras indígenas". 

Tampoco dispone de "un programa de relevamiento ... (para resolver) los casos en los que una comunidad afirme un derecho de restitución de tierras de las que hayan sido desposeídas recientemente o donde existan reclamos por reconocimientos de territorios superpuestos entre comunidades y propietarios privados", con el agravante que no hay un plan para reparar el expolio de tierras acontecido "generaciones atrás", encontrándose ahora sus descendientes "dispersos en zonas urbanas".

La "promoción de proyectos de industrias extractivas y agropecuarias" en torno a tierras ligadas consuetudinariamente a los indígenas, los "vacios y perplejidades en cuanto al deslinde de competencias sobre la explotación y administración de recursos naturales", agregado al "avance de la frontera agrícola" y los desalojos y emigración forzada a las grandes urbes que ese fenómeno trae aparejado, junto al desmonte de "cientos de miles de hectáreas de bosques" y la propagación o abandono de factorías mineras y petroleras contaminantes para el ser humano y que dañan la ecología, han cercenado los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en la Declaración Universal que le consagrara la ONU en 2007, ratificada por la Argentina, resume Anaya.

Tales "actividades" han "severamente limitado" el disfrute de los pueblos indígenas del "acceso y la disponibilidad de los animales de caza y pesca, plantas y miel de recolección, materiales para la construcción de viviendas", y "de los sitios de importancia cultural y espiritual, como cementerios". Se añaden sus repercusiones negativas para la alimentación y la subsistencia de las comunidades, con estragos en la salud por el "uso de agro-tóxicos para la fumigación de cultivos".

La Argentina asimismo ratificó, en el año 2000, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece los principios de consulta y búsqueda del consentimiento de las poblaciones indígenas para con los proyectos energéticos, agrícolas y mineros en sus territorios, pero los sucesivos gobiernos la acatan deficitariamente, o la ignoran. "No existe ley o política alguna, tanto a nivel federal como provincial, que regule un procedimiento de consulta", ni "procesos que "cumplan con los estándares internacionales", deplora Anaya. 
Subraya que los indígenas "no participan directamente de los beneficios económicos derivados de esos proyectos", y que las instancias gubernamentales, y las empresas, han llegado a otorgar "personería jurídica a comunidades indígenas ficticias", en desconocimiento "de las autoridades tradicionales reconocidas con el objeto de dirigir los arreglos y negociaciones a través de ellas".

"La superposición de parques nacionales y áreas protegidas sobre áreas habitadas o utilizadas por pueblos indígenas", engendran "desafíos continuos para el acceso de los pueblos indígenas a las tierras y recursos naturales dentro" de esas regiones, sostiene Anaya. 
La denominación "de sitios de Patrimonio de la Humanidad en tierras ocupadas por pueblos indígenas, como la Quebrada de Humahuaca", proclamada en el 2003 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), "produjo un gran aumento del turismo y el valor económico de las tierras que usan y ocupan pueblos indígenas en la zona". Sin embargo, a "raíz de ello, la provincia ha entregado títulos de tierras a extranjeros inversionistas, ocasionando, según la información obtenida, el despojo de tierras de las comunidades indígenas aledañas y la reducción de sus recursos de agua", consigna Anaya.

La gran cantidad de desalojos de comunidades por decisiones de los tribunales que han favorecido "los derechos de propiedad privada de individuos o de empresas por encima de las formas colectivas de propiedad indígena", a veces menospreciando el reconocimiento de comunidades inscriptas en el registro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), autoridad estatal en la materia, ponen en evidencia, siempre en línea con las observaciones de Anaya, "que la mayoría de los tribunales provinciales desconocen o no consideran debidamente la legislación nacional e internacional sobre pueblos indígenas", haciendo así alusión a la Ley 26160 de 2006, y su prórroga, la Ley 26554, referencias para gestionar y arbitrar potenciales litigios, a la Declaración Universal de la ONU y al Convenio 169 de la OIT. 

Esa "vulnerabilidad frente a los desalojos o los proyectos que los afectan" ha detonado la protesta indígena, dando curso a la movilización que ha sido criminalizada por las fuerzas de seguridad del Estado, "generando momentos de violencia y hasta han ocasionado la pérdida de la vida de miembros de pueblos indígenas", y desencadenando procesamientos de "muchos individuos indígenas" por "supuestos" delitos. Anaya critica "un uso desproporcionado de la fuera por parte de la policía y que estos hechos han permanecido impunes mientras miembros comunitarios han sido imputados por sus actos de protesta".

Las condiciones sociales y económicas de extrema pobreza que se vienen de abreviar, son a su vez la causa de desniveles significativos "en comparación con los sectores no indígenas". Esto se verifica en la precariedad de la salud por la persistencia de la desnutrición, por la escasez de viviendas, en dificultades para procurarse agua potable y alimentación, y en la educación de los indígenas. Los ejemplos son más flagrantes en las mujeres y niñas, manifiesta Anaya: faltan escuelas, particularmente en la enseñanza secundaria y en las comunidades rurales.

No obstante, las normas nacionales vigentes les reconocen a los pueblos originarios el derecho a la educación bilingüe e intercultural aborigen, la "alfabetización; recuperación y fortalecimiento del conocimiento ancestral en comunidades indígenas, y apoyo para estudiantes indígenas en los niveles superiores". De allí que para Anaya, con esta base legal, la penuria no encaje con la calificación sobresaliente de la Argentina, catalogada por Naciones Unidas "entre los países de muy alto desarrollo humano".

Con la noble intención de sacar a los indígenas de la postración y ofrecerles un futuro de igualdad de posibilidades y alternativas como a los demás habitantes del mapa nacional, Anaya eleva al gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner, 34 recomendaciones, sobre las que podrán pronunciarse los diplomáticos argentinos el 18 de septiembre 2012 durante el "dialogo interactivo" que su informe va a suscitar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Ante todo, resulta evidente para este Relator que la Argentina debe regularizar el marco legal e institucional, y adaptarlo a las exigencias internacionales de los instrumentos vinculantes adoptados. Aporta la prueba que Argentina debe colmar las diferencias que se dan en virtud de "la jurisdicción concurrente entre el Gobierno federal y las provincias". Y a su entender se impone actualizar los Códigos (Civil, Penal y Minero), acondicionar la "coherencia y uniformidad de las disposiciones legislativas", y atribuir los presupuestos necesarios a tal efecto.

Al tiempo, el relator Anaya le pide a la Argentina "elaborar" reglas de consulta con los pueblos indígenas en lo concerniente a sus derechos reconocidos, para "obtener su consentimiento libre, previo e informado" sobre todos los proyectos relacionados con sus tierras. En ese contexto aconseja se hagan los estudios pertinentes de "demarcación y reconocimiento legal de territorios", y de influencia en el medio ambiente, gozo de recursos naturales como el agua, derecho a la alimentación, personería y seguridad jurídicas, y garantizar un "estatus de ciudadanía" para los pueblos afincados "en zonas fronterizas de Argentina", como el nivacle, vecino al Paraguay, que viene clamando tener documentos de identidad argentinos. 
Sugiere que se prevean "medidas adecuadas de mitigación de impactos, reparación y justa compensación a las comunidades indígenas afectadas por los daños ambientales y a la salud ocasionados por los proyectos que actual o anteriormente han operado en o cerca de territorios habitados por pueblos indígenas".

Anaya le solicita a la Argentina "investigar las alegaciones de serias irregularidades en los procedimientos relacionados con proyectos agropecuarios y extractivos existentes, con el fin de desarrollar nuevos procesos de consulta, si estos fueran considerados necesarios". Una metodología equivalente de consulta es imprescindible para "revisar" las políticas de crear parques nacionales y aéreas protegidas de modo que "no perjudiquen los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales dentro de esas aéreas", y que les fuera posible aprovechar de los beneficios turísticos y de otra índole "que pudieran ofrecer estos sitios".

La Argentina es invitada a "eliminar las barreras que limitan el acceso a la educación" y abolir "los problemas estructurales que enfrentan las mujeres y niñas indígenas" en ese aspecto, y "asegurar que las niñas indígenas que se encuentran estudiando en las escuelas albergues en áreas urbanas no enfrenten condiciones que las dejan vulnerables a la discriminación y el maltrato".
Si bien es satisfactorio el nivel de accesibilidad a los servicios gratuitos de salud del Estado, el Relator hace paralelamente la petición "de ampliar las horas de atención, el número de profesionales que atienden a los pacientes, y la cantidad de medicamentos disponibles en los centros de salud especialmente en las áreas rurales", donde deben reunirse las condiciones de no discriminación, y asegurar que los pueblos indígenas "puedan comunicarse y comprender a los funcionarios del sistema de salud".

Para Anaya la Argentina debería aspirar a que los pueblos autóctonos "promuevan el manejo propio de sus recursos naturales y la auto-suficiencia económica de sus comunidades". Para conquistar ese objetivo, la ONU insta al Estado a "eliminar los impedimentos que puedan enfrentar los pueblos indígenas en el acceso a la justicia", y a suspender "todos los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenas hasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas". No habría mejor camino en ese sentido que "revisar la política penal aplicada en los últimos años", y "adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, las amenazas e intimidaciones contra los miembros de pueblos indígenas", al unísono para "funcionarios" y "particulares".

La mejor salvaguarda, finaliza el mandatario de la ONU, que no se repitan injusticias y violencia, sería que el gobierno argentino no caiga en la tentación de criminalizar las luchas sociales. Le encomienda organizar un método con criterios legales que habiliten a los pueblos originarios una vía pacífica para "reivindicar los derechos a las tierras tradicionales indígenas por la pérdida de sus tierras". Se establecería en esa dirección un ambiente no propicio al "enfrentamiento en el que algunos miembros de pueblos indígenas se habrían sentido sin opciones adecuadas y, por ende, habrían optado por la protesta social que en algunos casos implicaría la comisión de actos contrarios al orden público".
Abya Yala, Argentina- La ONU denuncia violaciones a los derechos humanos de los indígenas argentinos. (sep12-Juan Gasparini-periodicotribuna.com.ar-ayi) “DESPRO
TECCIÓN, DISCRIMINACIÓN Y REPRESIÓN CRÓNICA”.

El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el estadounidense James Anaya, acaba de publicar un informe revelador de la exclusión social, inseguridad jurídica, usurpación de tierras y la miseria que viven los pueblos autóctonos en Argentina, documento que refleja la misión de visita que realizara al país a fines de 2011, cuya presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está programada para el próximo 18 de septiembre 2012 en Ginebra.

Compuesto por 47 Estados elegidos anualmente mediante el voto secreto de la Asamblea General de la ONU, del que Argentina hoy es observador, el citado Consejo tiene previsto llevar a cabo ese mismo día un debate sobre el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en el mundo, con la intervención de panelistas de Malasia, Australia, Rusia, México y Kenya, e incluso votar luego una resolución para promover y reforzar el respeto de los derechos de esos pueblos, hacia el cierre de la sesión, entre el 26 y 28 de septiembre de 2012.

Por cierto, el tema de los pueblos indígenas figura en la agenda del Examen Periódico Universal (EPU), al que se va a someter Argentina el 22 de octubre venidero también en Ginebra, un mecanismo de control integral sobre el conjunto de los derechos humanos, en el que son invitados a formular recomendaciones los 193 Estados constitutivos de Naciones Unidas, y las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), con la asistencia de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, la sudafricana Navi Pillay, reunión que aguarda la presencia de representantes de la sociedad civil y periodistas procedentes de Argentina para dar cuenta de las deliberaciones.

Los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU son expertos independientes designados por consenso, de alta capacidad técnica y estatura moral, que bregan con autonomía de su nacionalidad y de acuerdo a la libertad de conciencia individual. No cobran sueldo por el trabajo al servicio de Naciones Unidas, que solo les cubre los viáticos para asumir el mandato, cuya duración es de tres años, renovable por otros tres años una sola vez. La Relatoría a cargo de Anaya se ocupa de defender los derechos de 370 millones de indígenas dispersos por el planeta; el 5% de la población del globo, que significan el 90% de la pluralidad cultural, y sus tierras el 80% de la biodiversidad.

Las conclusiones de la visita del relator Anaya a la Argentina muestran una desprotección, discriminación y represión crónica para con sus 2 millones de indígenas, aunque las cifras oficiales alcanzan a 600.329, el 1,7% de la población actual. Se trata de una heterogeneidad de 30 pueblos oriundos de superficies que en el presente se extienden en ciertas provincias del norte y del sur, quienes todavía sufren las secuelas del exterminio que padecieran durante la colonización del siglo XIX.
Sus exponentes más numerosos son los mapuches en Patagonia, y los kolla, tobas y wichí en las provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Formosa y Santa Fe.

Las dificultades para reivindicar sus originarias "tierras y recursos naturales y de otros derechos, como la revitalización de sus culturales, costumbres y lenguajes", se suma a la "desventaja que sufren los pueblos indígenas en diversos ámbitos, la falta de una adecuada protección de sus derechos sobre sus tierras tradicionales, y el continuo desarrollo de patrones de marginalización y de discriminación hacia ellos", detalla el informe de Anaya, cuyo enlace para su consulta electrónica se ofrece al pie de esta nota.

Anaya, un catedrático norteamericano de ascendencia indígena, resalta el conflicto, aún sin solución en Argentina, que "deriva de la desposesión histórica de grandes extensiones ... por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades indígenas", cuya su casi totalidad no ha conseguido "un reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupación tradicional".
Tras recoger alrededor de 170 testimonios y concretar sus propias investigaciones en 10 de las 23 provincias del país y en la Capital Federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Anaya constata que Argentina carece de "un procedimiento para la titulación de tierras indígenas".

Tampoco dispone de "un programa de relevamiento ... (para resolver) los casos en los que una comunidad afirme un derecho de restitución de tierras de las que hayan sido desposeídas recientemente o donde existan reclamos por reconocimientos de territorios superpuestos entre comunidades y propietarios privados", con el agravante que no hay un plan para reparar el expolio de tierras acontecido "generaciones atrás", encontrándose ahora sus descendientes "dispersos en zonas urbanas".

La "promoción de proyectos de industrias extractivas y agropecuarias" en torno a tierras ligadas consuetudinariamente a los indígenas, los "vacios y perplejidades en cuanto al deslinde de competencias sobre la explotación y administración de recursos naturales", agregado al "avance de la frontera agrícola" y los desalojos y emigración forzada a las grandes urbes que ese fenómeno trae aparejado, junto al desmonte de "cientos de miles de hectáreas de bosques" y la propagación o abandono de factorías mineras y petroleras contaminantes para el ser humano y que dañan la ecología, han cercenado los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en la Declaración Universal que le consagrara la ONU en 2007, ratificada por la Argentina, resume Anaya.

Tales "actividades" han "severamente limitado" el disfrute de los pueblos indígenas del "acceso y la disponibilidad de los animales de caza y pesca, plantas y miel de recolección, materiales para la construcción de viviendas", y "de los sitios de importancia cultural y espiritual, como cementerios". Se añaden sus repercusiones negativas para la alimentación y la subsistencia de las comunidades, con estragos en la salud por el "uso de agro-tóxicos para la fumigación de cultivos".

La Argentina asimismo ratificó, en el año 2000, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece los principios de consulta y búsqueda del consentimiento de las poblaciones indígenas para con los proyectos energéticos, agrícolas y mineros en sus territorios, pero los sucesivos gobiernos la acatan deficitariamente, o la ignoran. "No existe ley o política alguna, tanto a nivel federal como provincial, que regule un procedimiento de consulta", ni "procesos que "cumplan con los estándares internacionales", deplora Anaya.
Subraya que los indígenas "no participan directamente de los beneficios económicos derivados de esos proyectos", y que las instancias gubernamentales, y las empresas, han llegado a otorgar "personería jurídica a comunidades indígenas ficticias", en desconocimiento "de las autoridades tradicionales reconocidas con el objeto de dirigir los arreglos y negociaciones a través de ellas".

"La superposición de parques nacionales y áreas protegidas sobre áreas habitadas o utilizadas por pueblos indígenas", engendran "desafíos continuos para el acceso de los pueblos indígenas a las tierras y recursos naturales dentro" de esas regiones, sostiene Anaya.
La denominación "de sitios de Patrimonio de la Humanidad en tierras ocupadas por pueblos indígenas, como la Quebrada de Humahuaca", proclamada en el 2003 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), "produjo un gran aumento del turismo y el valor económico de las tierras que usan y ocupan pueblos indígenas en la zona". Sin embargo, a "raíz de ello, la provincia ha entregado títulos de tierras a extranjeros inversionistas, ocasionando, según la información obtenida, el despojo de tierras de las comunidades indígenas aledañas y la reducción de sus recursos de agua", consigna Anaya.

La gran cantidad de desalojos de comunidades por decisiones de los tribunales que han favorecido "los derechos de propiedad privada de individuos o de empresas por encima de las formas colectivas de propiedad indígena", a veces menospreciando el reconocimiento de comunidades inscriptas en el registro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), autoridad estatal en la materia, ponen en evidencia, siempre en línea con las observaciones de Anaya, "que la mayoría de los tribunales provinciales desconocen o no consideran debidamente la legislación nacional e internacional sobre pueblos indígenas", haciendo así alusión a la Ley 26160 de 2006, y su prórroga, la Ley 26554, referencias para gestionar y arbitrar potenciales litigios, a la Declaración Universal de la ONU y al Convenio 169 de la OIT.

Esa "vulnerabilidad frente a los desalojos o los proyectos que los afectan" ha detonado la protesta indígena, dando curso a la movilización que ha sido criminalizada por las fuerzas de seguridad del Estado, "generando momentos de violencia y hasta han ocasionado la pérdida de la vida de miembros de pueblos indígenas", y desencadenando procesamientos de "muchos individuos indígenas" por "supuestos" delitos. Anaya critica "un uso desproporcionado de la fuera por parte de la policía y que estos hechos han permanecido impunes mientras miembros comunitarios han sido imputados por sus actos de protesta".

Las condiciones sociales y económicas de extrema pobreza que se vienen de abreviar, son a su vez la causa de desniveles significativos "en comparación con los sectores no indígenas". Esto se verifica en la precariedad de la salud por la persistencia de la desnutrición, por la escasez de viviendas, en dificultades para procurarse agua potable y alimentación, y en la educación de los indígenas. Los ejemplos son más flagrantes en las mujeres y niñas, manifiesta Anaya: faltan escuelas, particularmente en la enseñanza secundaria y en las comunidades rurales.

No obstante, las normas nacionales vigentes les reconocen a los pueblos originarios el derecho a la educación bilingüe e intercultural aborigen, la "alfabetización; recuperación y fortalecimiento del conocimiento ancestral en comunidades indígenas, y apoyo para estudiantes indígenas en los niveles superiores". De allí que para Anaya, con esta base legal, la penuria no encaje con la calificación sobresaliente de la Argentina, catalogada por Naciones Unidas "entre los países de muy alto desarrollo humano".

Con la noble intención de sacar a los indígenas de la postración y ofrecerles un futuro de igualdad de posibilidades y alternativas como a los demás habitantes del mapa nacional, Anaya eleva al gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner, 34 recomendaciones, sobre las que podrán pronunciarse los diplomáticos argentinos el 18 de septiembre 2012 durante el "dialogo interactivo" que su informe va a suscitar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Ante todo, resulta evidente para este Relator que la Argentina debe regularizar el marco legal e institucional, y adaptarlo a las exigencias internacionales de los instrumentos vinculantes adoptados. Aporta la prueba que Argentina debe colmar las diferencias que se dan en virtud de "la jurisdicción concurrente entre el Gobierno federal y las provincias". Y a su entender se impone actualizar los Códigos (Civil, Penal y Minero), acondicionar la "coherencia y uniformidad de las disposiciones legislativas", y atribuir los presupuestos necesarios a tal efecto.

Al tiempo, el relator Anaya le pide a la Argentina "elaborar" reglas de consulta con los pueblos indígenas en lo concerniente a sus derechos reconocidos, para "obtener su consentimiento libre, previo e informado" sobre todos los proyectos relacionados con sus tierras. En ese contexto aconseja se hagan los estudios pertinentes de "demarcación y reconocimiento legal de territorios", y de influencia en el medio ambiente, gozo de recursos naturales como el agua, derecho a la alimentación, personería y seguridad jurídicas, y garantizar un "estatus de ciudadanía" para los pueblos afincados "en zonas fronterizas de Argentina", como el nivacle, vecino al Paraguay, que viene clamando tener documentos de identidad argentinos.
Sugiere que se prevean "medidas adecuadas de mitigación de impactos, reparación y justa compensación a las comunidades indígenas afectadas por los daños ambientales y a la salud ocasionados por los proyectos que actual o anteriormente han operado en o cerca de territorios habitados por pueblos indígenas".

Anaya le solicita a la Argentina "investigar las alegaciones de serias irregularidades en los procedimientos relacionados con proyectos agropecuarios y extractivos existentes, con el fin de desarrollar nuevos procesos de consulta, si estos fueran considerados necesarios". Una metodología equivalente de consulta es imprescindible para "revisar" las políticas de crear parques nacionales y aéreas protegidas de modo que "no perjudiquen los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales dentro de esas aéreas", y que les fuera posible aprovechar de los beneficios turísticos y de otra índole "que pudieran ofrecer estos sitios".

La Argentina es invitada a "eliminar las barreras que limitan el acceso a la educación" y abolir "los problemas estructurales que enfrentan las mujeres y niñas indígenas" en ese aspecto, y "asegurar que las niñas indígenas que se encuentran estudiando en las escuelas albergues en áreas urbanas no enfrenten condiciones que las dejan vulnerables a la discriminación y el maltrato".
Si bien es satisfactorio el nivel de accesibilidad a los servicios gratuitos de salud del Estado, el Relator hace paralelamente la petición "de ampliar las horas de atención, el número de profesionales que atienden a los pacientes, y la cantidad de medicamentos disponibles en los centros de salud especialmente en las áreas rurales", donde deben reunirse las condiciones de no discriminación, y asegurar que los pueblos indígenas "puedan comunicarse y comprender a los funcionarios del sistema de salud".

Para Anaya la Argentina debería aspirar a que los pueblos autóctonos "promuevan el manejo propio de sus recursos naturales y la auto-suficiencia económica de sus comunidades". Para conquistar ese objetivo, la ONU insta al Estado a "eliminar los impedimentos que puedan enfrentar los pueblos indígenas en el acceso a la justicia", y a suspender "todos los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenas hasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas". No habría mejor camino en ese sentido que "revisar la política penal aplicada en los últimos años", y "adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, las amenazas e intimidaciones contra los miembros de pueblos indígenas", al unísono para "funcionarios" y "particulares".

La mejor salvaguarda, finaliza el mandatario de la ONU, que no se repitan injusticias y violencia, sería que el gobierno argentino no caiga en la tentación de criminalizar las luchas sociales. Le encomienda organizar un método con criterios legales que habiliten a los pueblos originarios una vía pacífica para "reivindicar los derechos a las tierras tradicionales indígenas por la pérdida de sus tierras". Se establecería en esa dirección un ambiente no propicio al "enfrentamiento en el que algunos miembros de pueblos indígenas se habrían sentido sin opciones adecuadas y, por ende, habrían optado por la protesta social que en algunos casos implicaría la comisión de actos contrarios al orden público".

LA VIDA...ES LA VIDA

Las circunstancias cambiantes de la vida, te alejan de tu puerto como una nave sin amarras, con olas y corrientes adversas, pero ...