ANCESTROS INDIGENAS SUSTRAIDOS

Gran Bs.As. | 116 ancestros indígenas fueron sustraídos de sus cementerios por arqueólogos
Por Mdp Punta Querandí - Friday, Nov. 02, 2012 at 2:56 PM
movimientoendefensadelapacha@gmail.com

Hoy, 2 de noviembre, Día de los Muertos, en el sitio público y sagrado Punta Querandí homenajeamos a los antepasados del territorio del Río de la Plata. Al menos 116 cuerpos fueron sustraidos de cementerios ancestrales por parte de arqueológos, a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. La cifra suma 378 en todo el Humedal del Paraná Inferior (nordeste de la provincia y sur de Entre Ríos). Esta enorme cantidad contrasta con la imagen eurocentrista de la región, donde su pasado y presente indígena se encuentran "tapados". Se desconoce la ubicación actual de los restos óseos.

Este domingo 4 de noviembre desde el mediodía invitamos a una jornada en Punta Querandí (Dique Luján, Tigre): gacetilla aquí

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En Tigre, Escobar y Campana, desde el siglo XIX hasta la actualidad, distintos arqueólogos han extraído restos humanos que corresponden a por lo menos 116 personas de la época previa a la invasión europea en el Río de la Plata. Los números fueron divulgados en marzo por Daniel Loponte y Bárbara Mazza, pero no incluyen varios entierros, entre ellos de "las poblaciones de horticultores amazónicos históricamente conocidos como guaraníes", por lo que el número sería mayor. Muchos de estos espacios sagrados han sido destruídos o están en peligro por las grandes urbanizaciones de barrios privados.

Los mencionados arqueólogos pertenecen al Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL) y CONICET, y han sido cuestionados por organizaciones de pueblos originarios por su rol en el conflicto de Punta Querandí, en el norte de Tigre y sur de Escobar. Allí, un empresario inmobiliario quiere adueñarse de un lugar público que es reivindicado por indígenas y por diversos sectores sociales, y los especialistas trabajaron de forma privada para la empresa beneficiando el avance de los emprendimientos sobre las tierras.

En el 2001, el organismo nacional a cargo del resguardo del patrimonio arqueológico, el INAPL (dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación), reconocía la destrucción de espacios sagrados indígenas por negociados inmobiliarios en el partido de Tigre. En ese documento se hablaba de al menos dos sitios con inhumaciones que habían sido desaparecidos, Sarandí (por Nordelta - Constantini) y Garín (por Villa Nueva - EIDICO).

Una década después, a fines de 2011, desde el Movimiento en Defensa de la Pacha solicitamos a las autoridades arqueológicas nacionales y provinciales información precisa sobre la cantidad de restos humanos extraidos de sitios arqueológicos de la región y la ubicación actual de estos cuerpos. El Centro de Registro del Patrimonio Arqueológico del Instituto Cultural Bonaerense, nos confirmó de la existencia de restos óseos del sitio Garín, sin dar más detalles.

Recordemos que este último yacimiento quedó cubierto o destruido por el country Santa Catalina, ubicado frente al campamento de Punta Querandí, del otro lado del Canal Villanueva, extendido en el 2000. Por eso, hemos pedido la restitución del cuerpo a los pueblos originarios para su reentierro en Punta Querandí, en cumplimiento con las normativas vigentes, fruto de años de luchas en el país y en todo el continente.

Mientras tanto, en marzo de este año, tomamos conocimiento de los datos divulgados en el artículo “Las prácticas mortuorias en el humedal del Paraná Inferior”, de Loponte y Mazza, pero sigue siendo desconocido el paradero de la mayoría de los cuerpos de los ancestrales pobladores de Buenos Aires.

El mes de noviembre, para muchas culturas originarias "el mes de los muertos", es un momento más que oportuno para divulgar esta información y reforzar los reclamos por el destino de los cementerios indígenas y el trato respetuoso a los cuerpos de nuestros ancestros que han sido violentados de sus lugares.


EXTRACTO DEL INFORME DE MAZZA Y LOPONTE

Un mapa en el que se incluyen algunos entierros que no están incluidos en el recuento divulgado en marzo por Loponte y Mazza.

Enterratorios en el sitio Lutz (Villa Paranacito, Entre Ríos)

"En los Bajíos Ribereños, ubicados en el sector continental del nordeste bonaerense, se recuperaron 116 individuos (30,7% de la muestra total). Provienen de los sitios Túmulo de Campana 1 (Zeballos y Pico 1858), Arroyo Sarandí (Lothrop 1932), Cañada Honda (Bonaparte 1951), Río Luján 1 (Petrocelli 1975), La Bellaca 1 y 2, Anahí, Las Vizcacheras, Garín, Otamendi 1 (Loponte 2008) y El Cazador 3 (Loponte y Acosta 2011).

"Con excepción de algunos sitios que nunca fueron fechados, el resto de los depósitos de este sector incluidos en este estudio están ubicados entre 1290 ± 40 y 680 ± 80 años 14C AP (Loponte 2008)".

"En el Delta inferior se recuperaron 136 individuos (36% de la muestra), provenientes de los sitios Túmulo 1 y 2 del Paraná Guazú, Cementerio 1 del Paraná Guazú, Túmulo 1 del Brazo Gutiérrez, Túmulo 1 del Brazo Largo (Torres 1911), Túmulo 1 del Paraná Guazú/El Cerrillo (Lothrop 1932) y Brazo Largo (Gatto 1939)".

"Dado que este espacio emergió básicamente con posterioridad a los 2000 años 14C AP (Acosta et al. 2010; Cavallotto 2005), la muestra recuperada debe considerarse posterior a dicha fecha".

"En el sector de Planicies Inundables, donde se encuentran los sitios Túmulo de Lucuix y Puerto Basilio (Greslebin 1931), Las Ánimas (Lafón 1971) y Cerro Lutz (Mazza 2010a); se recuperaron 56 individuos (14,8% de la muestra)".

"Estos depósitos también deben ser considerados posteriores a los 2000 años 14C AP, ya que se encuentran en el sector más reciente de la costa aluvial del río Uruguay. Cerro Lutz es posterior a los 1000 años 14C AP. Tres dataciones radiocarbónicas obtenidas sobre individuos inhumados en este sitio -esqueleto CL-10, 730 ± 70 años 14C AP (LP-1711); CL-3 976 ± 42 años 14C AP (AA77310); y CL-E9 796 ± 42 14C AP (AA77311)- y una cuarta (916 ± 42 años 14C AP, AA 77312), efectuada sobre Canis familiaris enterrado en un sector adyacente a las inhumaciones, confirman dicha antigüedad (Loponte y Acosta 2007; Mazza 2010a)".

"El registro mortuorio del sector de Praderas de Ibicuy, asciende a siete individuos (1,8% de la muestra), provenientes de los sitios Mazaruca (Torres 1903), Paraná Ibicuy 1 (Caggiano et al. 1978) y Escuela 31 (Loponte y Acosta 2007)".

"Las inhumaciones correspondientes a la unidad Delta superior-medio provienen de dos sitios: Cerro Grande de Paraná Pavón (González 1947) y Cerro Grande de Isla Los Marinos (Gaspary 1950). Ambos están ubicados en un espacio que emergió alrededor de 3500 14C AP (Acosta et al. 2010). Además, las representaciones plásticas alfareras que poseen ambos sitios tienen una cronología situada (por el momento) con posterioridad al 2000 C14 AP (ver un resumen en Loponte 2008). Las inhumaciones detectadas aquí ascienden a 63 individuos (16,7% de la muestra total)".

"Con todo, la base de datos se eleva a un número mínimo de individuos de 378".

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“Las prácticas mortuorias en el humedal del Paraná Inferior”
Por Mdp Punta Querandí - Friday, Nov. 02, 2012 at 3:14 PM
movimientoendefensadelapacha@gmail.com

ONU DENUNCIA VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE HERMANOS ORIGINARIOS EN ARGENTINA

Abya Yala, Argentina- La ONU denuncia violaciones a los derechos humanos de los indígenas argentinos. (sep12-Juan Gasparini-periodicotribuna.com.ar-ayi) “DESPRO

TECCIÓN, DISCRIMINACIÓN Y REPRESIÓN CRÓNICA”.

El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el estadounidense James Anaya, acaba de publicar un informe revelador de la exclusión social, inseguridad jurídica, usurpación de tierras y la miseria que viven los pueblos autóctonos en Argentina, documento que refleja la misión de visita que realizara al país a fines de 2011, cuya presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está programada para el próximo 18 de septiembre 2012 en Ginebra.

Compuesto por 47 Estados elegidos anualmente mediante el voto secreto de la Asamblea General de la ONU, del que Argentina hoy es observador, el citado Consejo tiene previsto llevar a cabo ese mismo día un debate sobre el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en el mundo, con la intervención de panelistas de Malasia, Australia, Rusia, México y Kenya, e incluso votar luego una resolución para promover y reforzar el respeto de los derechos de esos pueblos, hacia el cierre de la sesión, entre el 26 y 28 de septiembre de 2012.

Por cierto, el tema de los pueblos indígenas figura en la agenda del Examen Periódico Universal (EPU), al que se va a someter Argentina el 22 de octubre venidero también en Ginebra, un mecanismo de control integral sobre el conjunto de los derechos humanos, en el que son invitados a formular recomendaciones los 193 Estados constitutivos de Naciones Unidas, y las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), con la asistencia de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, la sudafricana Navi Pillay, reunión que aguarda la presencia de representantes de la sociedad civil y periodistas procedentes de Argentina para dar cuenta de las deliberaciones.

Los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU son expertos independientes designados por consenso, de alta capacidad técnica y estatura moral, que bregan con autonomía de su nacionalidad y de acuerdo a la libertad de conciencia individual. No cobran sueldo por el trabajo al servicio de Naciones Unidas, que solo les cubre los viáticos para asumir el mandato, cuya duración es de tres años, renovable por otros tres años una sola vez. La Relatoría a cargo de Anaya se ocupa de defender los derechos de 370 millones de indígenas dispersos por el planeta; el 5% de la población del globo, que significan el 90% de la pluralidad cultural, y sus tierras el 80% de la biodiversidad.

Las conclusiones de la visita del relator Anaya a la Argentina muestran una desprotección, discriminación y represión crónica para con sus 2 millones de indígenas, aunque las cifras oficiales alcanzan a 600.329, el 1,7% de la población actual. Se trata de una heterogeneidad de 30 pueblos oriundos de superficies que en el presente se extienden en ciertas provincias del norte y del sur, quienes todavía sufren las secuelas del exterminio que padecieran durante la colonización del siglo XIX.
Sus exponentes más numerosos son los mapuches en Patagonia, y los kolla, tobas y wichí en las provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Formosa y Santa Fe.

Las dificultades para reivindicar sus originarias "tierras y recursos naturales y de otros derechos, como la revitalización de sus culturales, costumbres y lenguajes", se suma a la "desventaja que sufren los pueblos indígenas en diversos ámbitos, la falta de una adecuada protección de sus derechos sobre sus tierras tradicionales, y el continuo desarrollo de patrones de marginalización y de discriminación hacia ellos", detalla el informe de Anaya, cuyo enlace para su consulta electrónica se ofrece al pie de esta nota.

Anaya, un catedrático norteamericano de ascendencia indígena, resalta el conflicto, aún sin solución en Argentina, que "deriva de la desposesión histórica de grandes extensiones ... por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades indígenas", cuya su casi totalidad no ha conseguido "un reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupación tradicional".
Tras recoger alrededor de 170 testimonios y concretar sus propias investigaciones en 10 de las 23 provincias del país y en la Capital Federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Anaya constata que Argentina carece de "un procedimiento para la titulación de tierras indígenas".

Tampoco dispone de "un programa de relevamiento ... (para resolver) los casos en los que una comunidad afirme un derecho de restitución de tierras de las que hayan sido desposeídas recientemente o donde existan reclamos por reconocimientos de territorios superpuestos entre comunidades y propietarios privados", con el agravante que no hay un plan para reparar el expolio de tierras acontecido "generaciones atrás", encontrándose ahora sus descendientes "dispersos en zonas urbanas".

La "promoción de proyectos de industrias extractivas y agropecuarias" en torno a tierras ligadas consuetudinariamente a los indígenas, los "vacios y perplejidades en cuanto al deslinde de competencias sobre la explotación y administración de recursos naturales", agregado al "avance de la frontera agrícola" y los desalojos y emigración forzada a las grandes urbes que ese fenómeno trae aparejado, junto al desmonte de "cientos de miles de hectáreas de bosques" y la propagación o abandono de factorías mineras y petroleras contaminantes para el ser humano y que dañan la ecología, han cercenado los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en la Declaración Universal que le consagrara la ONU en 2007, ratificada por la Argentina, resume Anaya.

Tales "actividades" han "severamente limitado" el disfrute de los pueblos indígenas del "acceso y la disponibilidad de los animales de caza y pesca, plantas y miel de recolección, materiales para la construcción de viviendas", y "de los sitios de importancia cultural y espiritual, como cementerios". Se añaden sus repercusiones negativas para la alimentación y la subsistencia de las comunidades, con estragos en la salud por el "uso de agro-tóxicos para la fumigación de cultivos".

La Argentina asimismo ratificó, en el año 2000, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece los principios de consulta y búsqueda del consentimiento de las poblaciones indígenas para con los proyectos energéticos, agrícolas y mineros en sus territorios, pero los sucesivos gobiernos la acatan deficitariamente, o la ignoran. "No existe ley o política alguna, tanto a nivel federal como provincial, que regule un procedimiento de consulta", ni "procesos que "cumplan con los estándares internacionales", deplora Anaya.
Subraya que los indígenas "no participan directamente de los beneficios económicos derivados de esos proyectos", y que las instancias gubernamentales, y las empresas, han llegado a otorgar "personería jurídica a comunidades indígenas ficticias", en desconocimiento "de las autoridades tradicionales reconocidas con el objeto de dirigir los arreglos y negociaciones a través de ellas".

"La superposición de parques nacionales y áreas protegidas sobre áreas habitadas o utilizadas por pueblos indígenas", engendran "desafíos continuos para el acceso de los pueblos indígenas a las tierras y recursos naturales dentro" de esas regiones, sostiene Anaya.
La denominación "de sitios de Patrimonio de la Humanidad en tierras ocupadas por pueblos indígenas, como la Quebrada de Humahuaca", proclamada en el 2003 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), "produjo un gran aumento del turismo y el valor económico de las tierras que usan y ocupan pueblos indígenas en la zona". Sin embargo, a "raíz de ello, la provincia ha entregado títulos de tierras a extranjeros inversionistas, ocasionando, según la información obtenida, el despojo de tierras de las comunidades indígenas aledañas y la reducción de sus recursos de agua", consigna Anaya.

La gran cantidad de desalojos de comunidades por decisiones de los tribunales que han favorecido "los derechos de propiedad privada de individuos o de empresas por encima de las formas colectivas de propiedad indígena", a veces menospreciando el reconocimiento de comunidades inscriptas en el registro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), autoridad estatal en la materia, ponen en evidencia, siempre en línea con las observaciones de Anaya, "que la mayoría de los tribunales provinciales desconocen o no consideran debidamente la legislación nacional e internacional sobre pueblos indígenas", haciendo así alusión a la Ley 26160 de 2006, y su prórroga, la Ley 26554, referencias para gestionar y arbitrar potenciales litigios, a la Declaración Universal de la ONU y al Convenio 169 de la OIT.

Esa "vulnerabilidad frente a los desalojos o los proyectos que los afectan" ha detonado la protesta indígena, dando curso a la movilización que ha sido criminalizada por las fuerzas de seguridad del Estado, "generando momentos de violencia y hasta han ocasionado la pérdida de la vida de miembros de pueblos indígenas", y desencadenando procesamientos de "muchos individuos indígenas" por "supuestos" delitos. Anaya critica "un uso desproporcionado de la fuera por parte de la policía y que estos hechos han permanecido impunes mientras miembros comunitarios han sido imputados por sus actos de protesta".

Las condiciones sociales y económicas de extrema pobreza que se vienen de abreviar, son a su vez la causa de desniveles significativos "en comparación con los sectores no indígenas". Esto se verifica en la precariedad de la salud por la persistencia de la desnutrición, por la escasez de viviendas, en dificultades para procurarse agua potable y alimentación, y en la educación de los indígenas. Los ejemplos son más flagrantes en las mujeres y niñas, manifiesta Anaya: faltan escuelas, particularmente en la enseñanza secundaria y en las comunidades rurales.

No obstante, las normas nacionales vigentes les reconocen a los pueblos originarios el derecho a la educación bilingüe e intercultural aborigen, la "alfabetización; recuperación y fortalecimiento del conocimiento ancestral en comunidades indígenas, y apoyo para estudiantes indígenas en los niveles superiores". De allí que para Anaya, con esta base legal, la penuria no encaje con la calificación sobresaliente de la Argentina, catalogada por Naciones Unidas "entre los países de muy alto desarrollo humano".

Con la noble intención de sacar a los indígenas de la postración y ofrecerles un futuro de igualdad de posibilidades y alternativas como a los demás habitantes del mapa nacional, Anaya eleva al gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner, 34 recomendaciones, sobre las que podrán pronunciarse los diplomáticos argentinos el 18 de septiembre 2012 durante el "dialogo interactivo" que su informe va a suscitar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Ante todo, resulta evidente para este Relator que la Argentina debe regularizar el marco legal e institucional, y adaptarlo a las exigencias internacionales de los instrumentos vinculantes adoptados. Aporta la prueba que Argentina debe colmar las diferencias que se dan en virtud de "la jurisdicción concurrente entre el Gobierno federal y las provincias". Y a su entender se impone actualizar los Códigos (Civil, Penal y Minero), acondicionar la "coherencia y uniformidad de las disposiciones legislativas", y atribuir los presupuestos necesarios a tal efecto.

Al tiempo, el relator Anaya le pide a la Argentina "elaborar" reglas de consulta con los pueblos indígenas en lo concerniente a sus derechos reconocidos, para "obtener su consentimiento libre, previo e informado" sobre todos los proyectos relacionados con sus tierras. En ese contexto aconseja se hagan los estudios pertinentes de "demarcación y reconocimiento legal de territorios", y de influencia en el medio ambiente, gozo de recursos naturales como el agua, derecho a la alimentación, personería y seguridad jurídicas, y garantizar un "estatus de ciudadanía" para los pueblos afincados "en zonas fronterizas de Argentina", como el nivacle, vecino al Paraguay, que viene clamando tener documentos de identidad argentinos.
Sugiere que se prevean "medidas adecuadas de mitigación de impactos, reparación y justa compensación a las comunidades indígenas afectadas por los daños ambientales y a la salud ocasionados por los proyectos que actual o anteriormente han operado en o cerca de territorios habitados por pueblos indígenas".

Anaya le solicita a la Argentina "investigar las alegaciones de serias irregularidades en los procedimientos relacionados con proyectos agropecuarios y extractivos existentes, con el fin de desarrollar nuevos procesos de consulta, si estos fueran considerados necesarios". Una metodología equivalente de consulta es imprescindible para "revisar" las políticas de crear parques nacionales y aéreas protegidas de modo que "no perjudiquen los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales dentro de esas aéreas", y que les fuera posible aprovechar de los beneficios turísticos y de otra índole "que pudieran ofrecer estos sitios".

La Argentina es invitada a "eliminar las barreras que limitan el acceso a la educación" y abolir "los problemas estructurales que enfrentan las mujeres y niñas indígenas" en ese aspecto, y "asegurar que las niñas indígenas que se encuentran estudiando en las escuelas albergues en áreas urbanas no enfrenten condiciones que las dejan vulnerables a la discriminación y el maltrato".
Si bien es satisfactorio el nivel de accesibilidad a los servicios gratuitos de salud del Estado, el Relator hace paralelamente la petición "de ampliar las horas de atención, el número de profesionales que atienden a los pacientes, y la cantidad de medicamentos disponibles en los centros de salud especialmente en las áreas rurales", donde deben reunirse las condiciones de no discriminación, y asegurar que los pueblos indígenas "puedan comunicarse y comprender a los funcionarios del sistema de salud".

Para Anaya la Argentina debería aspirar a que los pueblos autóctonos "promuevan el manejo propio de sus recursos naturales y la auto-suficiencia económica de sus comunidades". Para conquistar ese objetivo, la ONU insta al Estado a "eliminar los impedimentos que puedan enfrentar los pueblos indígenas en el acceso a la justicia", y a suspender "todos los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenas hasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas". No habría mejor camino en ese sentido que "revisar la política penal aplicada en los últimos años", y "adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, las amenazas e intimidaciones contra los miembros de pueblos indígenas", al unísono para "funcionarios" y "particulares".

La mejor salvaguarda, finaliza el mandatario de la ONU, que no se repitan injusticias y violencia, sería que el gobierno argentino no caiga en la tentación de criminalizar las luchas sociales. Le encomienda organizar un método con criterios legales que habiliten a los pueblos originarios una vía pacífica para "reivindicar los derechos a las tierras tradicionales indígenas por la pérdida de sus tierras". Se establecería en esa dirección un ambiente no propicio al "enfrentamiento en el que algunos miembros de pueblos indígenas se habrían sentido sin opciones adecuadas y, por ende, habrían optado por la protesta social que en algunos casos implicaría la comisión de actos contrarios al orden público".

PRIMER CANAL DE TV DE PUEBLOS ORIGINARIOS

ENOTPO: Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita del Val...

ENOTPO: Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita del Val...: Reforma del Código Civil y Comercial - Audiencias en Tucumán. "Soy sobrina de  Javier Chocobar, quien fue asesinado el 12 de octubre de 2...

MISIONES ONLINE-ARTICULO DE OPINION-

Artículo escrito por Anibal Silvero. Misiones.
miércoles 1 agosto 2012
Roca, el rostro que el pueblo Evita

En una reciente columna de opinión (http://www.misionesonline.net/opinion/leer/1818 ), el estimado contador Carlos Andrés Ortiz hace una notable defensa del ex presidente argentino Julio Argentino Roca, principal operador de la llamada “Conquista del desierto”.
La columna de opinión tiene como objetivo “dar su debida y justa importancia a la figura central de la vida institucional argentina, que fue el General y dos veces Presidente constitucional Julio Argentino Roca.”
Es “apodado “el zorro” por su notable astucia política”, calcaOrtiz a Roca, aunque no aclara que astucia política no siempre es signo de humanismo, ni necesariamente es una variable positiva para los pueblos, como no lo es Maquiavelo, que gozaba de ese talento, o de Hitler, cuya “astucia” llevó a una de las masacres más grandes de la historia.
Luego sostiene, siempre refiriéndose a Roca, “como hacían imperativas las circunstancias, tomó posesión efectiva de la vasta Patagonia Argentina, debiendo enfrentar a poblaciones de nativos hostiles, que no eran por cierto “carmelitas descalzas””. En una visión parcial el columnista ofrece la vieja dicotomía de los indios versus el Estado Argentino, como una concepción uniforme y, por bien del progreso, cómo no, la única salida es aniquilar a los salvajes. Si los indios no se hubiesen resistido a la invasión, seguro se hubieran convertido en carmelitas descalzas para la historia, que pronto los hubiera olvidado. Prefirieron morir de pie a vivir arrodillados, aún sabiendo que quedarían estigmatizados en la historia como los salvajes. Pero si nos tocase vivir en aquel tiempo entre las tribus de mapuches y tehuelches, sin duda llamaríamos salvaje al ejército de Roca, pero ya se nos ha dicho que la historia la escriben los que ganan.
Lo cierto es que, en primer lugar, el pensamiento occidental nos ha comido el coco que una de las formas necesarias de progreso de un pueblo es por medio del sometimiento de una civilización con muchos recursos armamentísticos a otra con pocos recursos armamentísticos. Pero, para ser justos, lo primero que debemos desechar de nuestro vocabulario, es la palabra “conquista” de estos sucesos históricos: “la conquista del desierto”, “la conquista de América”, primero reemplacemos el término por “invasión”, y nos acercamos un poco más a la verdadera historia. Nadie nos cuenta que, por ejemplo, China poseía en la época del “descubrimiento” de América barcos muy superiores a los de los invasores españoles, ingleses y portugueses, y que mucho antes que ellos, los chinos recorrieron todo el mundo con sus embarcaciones, en forma diplomática, sin embargo no mataron masacraron ni aniquilaron las poblaciones indígenas que habitaban África y América, a pesar que conocieron la pólvora antes que los occidentales. Uno con el pensamiento inculcado socialmente se podría preguntar “¿por qué no lo hicieron?”, pero si pudiésemos extirpar por un momento los conceptos que nos implantaron desde siempre, la pregunta coherente sería: “¿ Y por qué iban a hacerlo?”. Esta pregunta es importante así que no está demás repetirla: “¿Y por qué iban a hacerlo?”.
La invasión que tanto pregona Occidente en millones de libros y en miles de películas de Hollywood parece ser la única salida para el cambio social y productivo, ¡patrañas!. Mal de muchos, consuelo de tontos, dice un refrán popular, y resulta que ahora nuestra mente sodomizada por los parámetros imperialistas, sólo acepta la evolución cuando en ella se vierte sangre, llanto, dolor y miles de muertes: todo eso se justifica para ascender un peldaño en la evolución humana.
Pero Ortiz continúa en su análisis: “con interpretaciones históricas cargadas del antimilitarismo con tintes anarco-marxistas, personajes como Osvaldo Bayer y Juan Pablo Feinmann, abonan a la demonización de la figura de Roca, y hacen contribuciones a odios potencialmente incurables, evidenciando que poco o nada parecen importarles la realidad ni las prioridades estratégicas de la Nación Argentina.”
Pues bien, ahora que descubrimos que Osvaldo Bayer es anarco-marxista y Feinmann un antimilitarista, y que a ellos, no les importa la realidad ni las prioridades estratégicas de Argentina, y que además contribuyen a odios potencialmente incurables, podemos pensar que Roca debe coexistir de igual a igual con Evita en los billetes de cien pesos, como sostiene el opinador.
Finalizando su columna, el contador nos dice: “En síntesis, no puede parangonarse un personaje de la Historia Argentina como Julio A. Roca, que a su modo y en su contexto histórico, hizo claras contribuciones a la Grandeza Nacional –sic, con mayúsculas-, con otros personajes muchísimo más discutibles, como Rivadavia y Mitre, entre otros”.
En fin, pareciera que toda la exposición de Ortiz se refiere a su deseo de que coexistan la figura de Roca y Evita en los billetes de cien pesos en la Argentina, lo que no me parece una locura. Lo que sí me parece una exageración, es esa manía de justificar el progreso a base de violaciones, secuestros y masacres. Eso es un exabrupto occidental. Sería bueno que los roquistas, como Ortiz, no confundan los tantos, que en cada billete de cien pesos, a partir de ahora, una mujer de la talla de Evita nos estará mirando.

NIÑEZ EXPUESTA A EXTREMA VIOLENCIA

JUEVES 26 DE JULIO, A LAS 15 HORAS.
OFICINAS UNICEF SANTIAGO.
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PARA REPUDIAR LA VIOLENCIA A LA NIÑEZ MAPUCHE Y HACER DENUNCIA INTERNACIONAL DEL ATROPELLO A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS MAPUCHE.
NO MAS HERIDOS NI CRIMINALIZADOS EN LA VIOLENCIA ESTATAL.
... DENUNCIAR LOS BALEOS, HERIDOS Y DETENCIONES DE LOS MENORES DE LAS COMUNIDADES EN RESISTENCIA.
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APOYA... ASISTE... DIFUNDEEE!!!!!Ver más

— con Alianza Territorial Mapuche, Küyen Malen Chilwe, Mapuexpress Comunicación Mapuche y 47 personas másAlianza Territorial Mapuche, Küyen Malen Chilwe, Mapuexpress Comunicación Mapuche, Mewlen Huencho Mewlen, Cinthia Olivares Allendes, Elvis Therockers, Richard Curinao Pallaleo, Paula Llanquileo Melgarejo, Elena Urrutia, Patricia Neculpan Curihuinca, Periódico Wallmapuche, Max Zapata, Millaray Garrido Paillalef, Katy Cona, Vania Queipul Millanao, Kelv Liwen, Ignacio Kallfükura, Codemu Universitarios Mapuche, Johanna Quilaman Llanquileo, Ale Con Olor Humo, Antg Cofre, Viviana Lloncon Paillalafquen, Claudia Ancamil Mulato, Kary Belmar Antinao, Alejandra Villarroel, America Guerrero, Soledad Arriagada, Karacola del Amorsh, Elizabeth Paola Barraza Herrera, Coordinadora Corpade, Susana M. Donayre, Felipe Daniel Hasler Sandoval, Fabian Kurinaw Wechekeche Ñi Trawün, Rodrigo Orellana, Carola Baeza Rosas, Maria Paula Ortiz Soazo, Luzan Ofol, Benja Weeder, Ximena Cuadra-Montoya, Italo Retamal, Macarena Barrientos Paillahueque, Bianca María Cofré Costa, La Michea, Italo Polizzi, Anya Wallace, Amaranta Barraza, Camila Piña Frambuesa, Luis Gonzalez Bustos, Oscar Javier Antiman Velozo y Loreto Merino.

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BOLIVIA NACIONALIZARA MINA CANADIENSE POR PRESION INDIGENA.-AMERICA ECONOMIA-

Bolivia nacionalizará mina canadiense por presión indígena

Bolivia, Canadá

Grupos indígenas que demandaban la salida de South American Silver del incipiente pero prometedor proyecto minero Mallku Khota, llevaron al presidente a tomar la decisión luego de protestas que dejaron un muerto y una decena de heridos.

Morales proclamó la riquezas minerales de Mallku Khota estarán bajo exploración y explotación del gobierno nacional con participación de pobladores de la zona.

La Paz. El presidente de Bolivia, Evo Morales, decidió este martes anular una concesión minera de la compañía canadiense South American Silver, en la segunda nacionalización que hace en un mes bajo la presión la demanda de movimientos sociales.
Grupos indígenas que demandaban la salida de South American Silver (SAS) del incipiente pero prometedor proyecto minero Mallku Khota -de plata, indio y galio- llevaron al presidente a tomar la decisión luego de protestas que dejaron un muerto y una decena de heridos.

3Muro

Tres semanas antes, Morales decretó la reversión a dominio estatal de la mina de estaño y zinc Colquiri, que explotaba el grupo suizo Glencore, con lo que aplacó una dura disputa entre mineros asalariados y cooperativistas por el control del yacimiento que había sido privatizado en la década pasada.
A diferencia de Colquiri, una mina explotada ya por varias décadas, Mallku Khota es por ahora sólo un prospecto, en el que SAS dijo que ha descubierto un gigantesco yacimiento de clase mundial que preveía explotar eventualmente después del 2015.
SAS es una minera “junior" que había anunciado una inversión de hasta US$50 millones en la exploración del yacimiento, que concluiría en el 2015.

El cambio de contratos era el modelo de “nacionalización que Morales había decidido para el sector minero, en contraste con las estatizaciones por decreto y sin negociación previa ejecutadas en el último quinquenio en las industrias de hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad.

No se conocía un informe actualizado sobre la inversión ya realizada por esa empresa que compró en el 2006 la concesión minera de Mallku Khota a la también canadiense General Minerals Corporation, según un reporte de la local Asociación de Mineros Medianos.
"La empresa (SAS) enfrentó a hermanos, cuñados, primos, vecinos ¿Cómo entre hermanos vamos a estar enfrentados por una empresa trasnacional que viene a saquear nuestros recursos naturales?", dijo Morales al justificar el acuerdo firmado por indígenas y ministros en el Palacio de Gobierno de La Paz.
Nacionalización v/s cambios de contratos. La “nacionalización de las minas Colquiri y Mallku Khota contradice anuncios oficiales previos de que el gobierno negociaba cambios de contratos con todas las firmas extranjeras que operan en la minería del país, buscando imponer una mayoría estatal en toda la industria.
El cambio de contratos era el modelo de “nacionalización que Morales había decidido para el sector minero, en contraste con las estatizaciones por decreto y sin negociación previa ejecutadas en el último quinquenio en las industrias de hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad.
Un portavoz de SAS en Bolivia rehusó comentar de inmediato sobre el acuerdo al que llegó el gobierno con los indígenas, quienes estaban divididos en grupos a favor y en contra del proyecto.
El conflicto había alcanzado su máxima tensión la semana pasada por el secuestro de cinco trabajadores de la empresa canadiense, quienes fueron liberados el fin de semana tras un compromiso preliminar del gobierno de analizar la “nacionalización del proyecto minero".
Morales proclamó la riquezas minerales de Mallku Khota estarán bajo exploración y explotación del gobierno nacional con participación de pobladores de la zona.
"La empresa nos ha dividido, pero la unificación ha logrado que los recursos naturales sean de los bolivianos y para los bolivianos (...) Que el Estado se haga cargo y no una transnacional", dijo uno de los líderes de la protesta, Benedicto Aguilar, primero en castellano y luego en quechua