MISION

"No queremos hacer tanto hincapié en la matanza (la Campaña del Desierto o Pacificación de la araucania) que fue obra de los militares y oligarcas de aquella época, pero si en la lucha del nuestro pueblo mapuche por defender su dignidad, su cultura. Queremos hablar de su vida, que es su obra; y no de su muerte, que es obra de otros. Esos otros hablarán, responderán por su crimen." "Siempre preguntan: ¿qué podemos hacer por la cultura mapuche? Y es eso: promover a la persona. Ya que nuestros abuelos, nuestros hombres y mujeres, saben pensar. Cuando hay una cosa linda, tienen que decir quién fue, para que la gente sepa que es el pueblo mapuche el que habla." "Muchas veces hablaron de nosotros, sin nosotros. Los Mapuche debemos aprender nuestra cultura para poder transmitirla, juntar lo propio para desparramarlo y que lo conozcan todos.

jueves, 29 de noviembre de 2012

ONU DENUNCIA VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE HERMANOS ORIGINARIOS EN ARGENTINA


Abya Yala, Argentina- La ONU denuncia violaciones a los derechos humanos de los indígenas argentinos. (sep12-Juan Gasparini-periodicotribuna.com.ar-ayi) “DESPROTECCIÓN, DISCRIMINACIÓN Y REPRESIÓN CRÓNICA”.

El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el estadounidense James Anaya, acaba de publicar un informe revelador de la exclusión social, inseguridad jurídica, usurpación de tierras y la miseria que viven los pueblos autóctonos en Argentina, documento que refleja la misión de visita que realizara al país a fines de 2011, cuya presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está programada para el próximo 18 de septiembre 2012 en Ginebra.
 
Compuesto por 47 Estados elegidos anualmente mediante el voto secreto de la Asamblea General de la ONU, del que Argentina hoy es observador, el citado Consejo tiene previsto llevar a cabo ese mismo día un debate sobre el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en el mundo, con la intervención de panelistas de Malasia, Australia, Rusia, México y Kenya, e incluso votar luego una resolución para promover y reforzar el respeto de los derechos de esos pueblos, hacia el cierre de la sesión, entre el 26 y 28 de septiembre de 2012.

Por cierto, el tema de los pueblos indígenas figura en la agenda del Examen Periódico Universal (EPU), al que se va a someter Argentina el 22 de octubre venidero también en Ginebra, un mecanismo de control integral sobre el conjunto de los derechos humanos, en el que son invitados a formular recomendaciones los 193 Estados constitutivos de Naciones Unidas, y las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), con la asistencia de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, la sudafricana Navi Pillay, reunión que aguarda la presencia de representantes de la sociedad civil y periodistas procedentes de Argentina para dar cuenta de las deliberaciones.

Los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU son expertos independientes designados por consenso, de alta capacidad técnica y estatura moral, que bregan con autonomía de su nacionalidad y de acuerdo a la libertad de conciencia individual. No cobran sueldo por el trabajo al servicio de Naciones Unidas, que solo les cubre los viáticos para asumir el mandato, cuya duración es de tres años, renovable por otros tres años una sola vez. La Relatoría a cargo de Anaya se ocupa de defender los derechos de 370 millones de indígenas dispersos por el planeta; el 5% de la población del globo, que significan el 90% de la pluralidad cultural, y sus tierras el 80% de la biodiversidad.

Las conclusiones de la visita del relator Anaya a la Argentina muestran una desprotección, discriminación y represión crónica para con sus 2 millones de indígenas, aunque las cifras oficiales alcanzan a 600.329, el 1,7% de la población actual. Se trata de una heterogeneidad de 30 pueblos oriundos de superficies que en el presente se extienden en ciertas provincias del norte y del sur, quienes todavía sufren las secuelas del exterminio que padecieran durante la colonización del siglo XIX. 
Sus exponentes más numerosos son los mapuches en Patagonia, y los kolla, tobas y wichí en las provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Formosa y Santa Fe.

Las dificultades para reivindicar sus originarias "tierras y recursos naturales y de otros derechos, como la revitalización de sus culturales, costumbres y lenguajes", se suma a la "desventaja que sufren los pueblos indígenas en diversos ámbitos, la falta de una adecuada protección de sus derechos sobre sus tierras tradicionales, y el continuo desarrollo de patrones de marginalización y de discriminación hacia ellos", detalla el informe de Anaya, cuyo enlace para su consulta electrónica se ofrece al pie de esta nota.

Anaya, un catedrático norteamericano de ascendencia indígena, resalta el conflicto, aún sin solución en Argentina, que "deriva de la desposesión histórica de grandes extensiones ... por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades indígenas", cuya su casi totalidad no ha conseguido "un reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupación tradicional".
Tras recoger alrededor de 170 testimonios y concretar sus propias investigaciones en 10 de las 23 provincias del país y en la Capital Federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Anaya constata que Argentina carece de "un procedimiento para la titulación de tierras indígenas". 

Tampoco dispone de "un programa de relevamiento ... (para resolver) los casos en los que una comunidad afirme un derecho de restitución de tierras de las que hayan sido desposeídas recientemente o donde existan reclamos por reconocimientos de territorios superpuestos entre comunidades y propietarios privados", con el agravante que no hay un plan para reparar el expolio de tierras acontecido "generaciones atrás", encontrándose ahora sus descendientes "dispersos en zonas urbanas".

La "promoción de proyectos de industrias extractivas y agropecuarias" en torno a tierras ligadas consuetudinariamente a los indígenas, los "vacios y perplejidades en cuanto al deslinde de competencias sobre la explotación y administración de recursos naturales", agregado al "avance de la frontera agrícola" y los desalojos y emigración forzada a las grandes urbes que ese fenómeno trae aparejado, junto al desmonte de "cientos de miles de hectáreas de bosques" y la propagación o abandono de factorías mineras y petroleras contaminantes para el ser humano y que dañan la ecología, han cercenado los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en la Declaración Universal que le consagrara la ONU en 2007, ratificada por la Argentina, resume Anaya.

Tales "actividades" han "severamente limitado" el disfrute de los pueblos indígenas del "acceso y la disponibilidad de los animales de caza y pesca, plantas y miel de recolección, materiales para la construcción de viviendas", y "de los sitios de importancia cultural y espiritual, como cementerios". Se añaden sus repercusiones negativas para la alimentación y la subsistencia de las comunidades, con estragos en la salud por el "uso de agro-tóxicos para la fumigación de cultivos".

La Argentina asimismo ratificó, en el año 2000, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece los principios de consulta y búsqueda del consentimiento de las poblaciones indígenas para con los proyectos energéticos, agrícolas y mineros en sus territorios, pero los sucesivos gobiernos la acatan deficitariamente, o la ignoran. "No existe ley o política alguna, tanto a nivel federal como provincial, que regule un procedimiento de consulta", ni "procesos que "cumplan con los estándares internacionales", deplora Anaya. 
Subraya que los indígenas "no participan directamente de los beneficios económicos derivados de esos proyectos", y que las instancias gubernamentales, y las empresas, han llegado a otorgar "personería jurídica a comunidades indígenas ficticias", en desconocimiento "de las autoridades tradicionales reconocidas con el objeto de dirigir los arreglos y negociaciones a través de ellas".

"La superposición de parques nacionales y áreas protegidas sobre áreas habitadas o utilizadas por pueblos indígenas", engendran "desafíos continuos para el acceso de los pueblos indígenas a las tierras y recursos naturales dentro" de esas regiones, sostiene Anaya. 
La denominación "de sitios de Patrimonio de la Humanidad en tierras ocupadas por pueblos indígenas, como la Quebrada de Humahuaca", proclamada en el 2003 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), "produjo un gran aumento del turismo y el valor económico de las tierras que usan y ocupan pueblos indígenas en la zona". Sin embargo, a "raíz de ello, la provincia ha entregado títulos de tierras a extranjeros inversionistas, ocasionando, según la información obtenida, el despojo de tierras de las comunidades indígenas aledañas y la reducción de sus recursos de agua", consigna Anaya.

La gran cantidad de desalojos de comunidades por decisiones de los tribunales que han favorecido "los derechos de propiedad privada de individuos o de empresas por encima de las formas colectivas de propiedad indígena", a veces menospreciando el reconocimiento de comunidades inscriptas en el registro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), autoridad estatal en la materia, ponen en evidencia, siempre en línea con las observaciones de Anaya, "que la mayoría de los tribunales provinciales desconocen o no consideran debidamente la legislación nacional e internacional sobre pueblos indígenas", haciendo así alusión a la Ley 26160 de 2006, y su prórroga, la Ley 26554, referencias para gestionar y arbitrar potenciales litigios, a la Declaración Universal de la ONU y al Convenio 169 de la OIT. 

Esa "vulnerabilidad frente a los desalojos o los proyectos que los afectan" ha detonado la protesta indígena, dando curso a la movilización que ha sido criminalizada por las fuerzas de seguridad del Estado, "generando momentos de violencia y hasta han ocasionado la pérdida de la vida de miembros de pueblos indígenas", y desencadenando procesamientos de "muchos individuos indígenas" por "supuestos" delitos. Anaya critica "un uso desproporcionado de la fuera por parte de la policía y que estos hechos han permanecido impunes mientras miembros comunitarios han sido imputados por sus actos de protesta".

Las condiciones sociales y económicas de extrema pobreza que se vienen de abreviar, son a su vez la causa de desniveles significativos "en comparación con los sectores no indígenas". Esto se verifica en la precariedad de la salud por la persistencia de la desnutrición, por la escasez de viviendas, en dificultades para procurarse agua potable y alimentación, y en la educación de los indígenas. Los ejemplos son más flagrantes en las mujeres y niñas, manifiesta Anaya: faltan escuelas, particularmente en la enseñanza secundaria y en las comunidades rurales.

No obstante, las normas nacionales vigentes les reconocen a los pueblos originarios el derecho a la educación bilingüe e intercultural aborigen, la "alfabetización; recuperación y fortalecimiento del conocimiento ancestral en comunidades indígenas, y apoyo para estudiantes indígenas en los niveles superiores". De allí que para Anaya, con esta base legal, la penuria no encaje con la calificación sobresaliente de la Argentina, catalogada por Naciones Unidas "entre los países de muy alto desarrollo humano".

Con la noble intención de sacar a los indígenas de la postración y ofrecerles un futuro de igualdad de posibilidades y alternativas como a los demás habitantes del mapa nacional, Anaya eleva al gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner, 34 recomendaciones, sobre las que podrán pronunciarse los diplomáticos argentinos el 18 de septiembre 2012 durante el "dialogo interactivo" que su informe va a suscitar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Ante todo, resulta evidente para este Relator que la Argentina debe regularizar el marco legal e institucional, y adaptarlo a las exigencias internacionales de los instrumentos vinculantes adoptados. Aporta la prueba que Argentina debe colmar las diferencias que se dan en virtud de "la jurisdicción concurrente entre el Gobierno federal y las provincias". Y a su entender se impone actualizar los Códigos (Civil, Penal y Minero), acondicionar la "coherencia y uniformidad de las disposiciones legislativas", y atribuir los presupuestos necesarios a tal efecto.

Al tiempo, el relator Anaya le pide a la Argentina "elaborar" reglas de consulta con los pueblos indígenas en lo concerniente a sus derechos reconocidos, para "obtener su consentimiento libre, previo e informado" sobre todos los proyectos relacionados con sus tierras. En ese contexto aconseja se hagan los estudios pertinentes de "demarcación y reconocimiento legal de territorios", y de influencia en el medio ambiente, gozo de recursos naturales como el agua, derecho a la alimentación, personería y seguridad jurídicas, y garantizar un "estatus de ciudadanía" para los pueblos afincados "en zonas fronterizas de Argentina", como el nivacle, vecino al Paraguay, que viene clamando tener documentos de identidad argentinos. 
Sugiere que se prevean "medidas adecuadas de mitigación de impactos, reparación y justa compensación a las comunidades indígenas afectadas por los daños ambientales y a la salud ocasionados por los proyectos que actual o anteriormente han operado en o cerca de territorios habitados por pueblos indígenas".

Anaya le solicita a la Argentina "investigar las alegaciones de serias irregularidades en los procedimientos relacionados con proyectos agropecuarios y extractivos existentes, con el fin de desarrollar nuevos procesos de consulta, si estos fueran considerados necesarios". Una metodología equivalente de consulta es imprescindible para "revisar" las políticas de crear parques nacionales y aéreas protegidas de modo que "no perjudiquen los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales dentro de esas aéreas", y que les fuera posible aprovechar de los beneficios turísticos y de otra índole "que pudieran ofrecer estos sitios".

La Argentina es invitada a "eliminar las barreras que limitan el acceso a la educación" y abolir "los problemas estructurales que enfrentan las mujeres y niñas indígenas" en ese aspecto, y "asegurar que las niñas indígenas que se encuentran estudiando en las escuelas albergues en áreas urbanas no enfrenten condiciones que las dejan vulnerables a la discriminación y el maltrato".
Si bien es satisfactorio el nivel de accesibilidad a los servicios gratuitos de salud del Estado, el Relator hace paralelamente la petición "de ampliar las horas de atención, el número de profesionales que atienden a los pacientes, y la cantidad de medicamentos disponibles en los centros de salud especialmente en las áreas rurales", donde deben reunirse las condiciones de no discriminación, y asegurar que los pueblos indígenas "puedan comunicarse y comprender a los funcionarios del sistema de salud".

Para Anaya la Argentina debería aspirar a que los pueblos autóctonos "promuevan el manejo propio de sus recursos naturales y la auto-suficiencia económica de sus comunidades". Para conquistar ese objetivo, la ONU insta al Estado a "eliminar los impedimentos que puedan enfrentar los pueblos indígenas en el acceso a la justicia", y a suspender "todos los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenas hasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas". No habría mejor camino en ese sentido que "revisar la política penal aplicada en los últimos años", y "adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, las amenazas e intimidaciones contra los miembros de pueblos indígenas", al unísono para "funcionarios" y "particulares".

La mejor salvaguarda, finaliza el mandatario de la ONU, que no se repitan injusticias y violencia, sería que el gobierno argentino no caiga en la tentación de criminalizar las luchas sociales. Le encomienda organizar un método con criterios legales que habiliten a los pueblos originarios una vía pacífica para "reivindicar los derechos a las tierras tradicionales indígenas por la pérdida de sus tierras". Se establecería en esa dirección un ambiente no propicio al "enfrentamiento en el que algunos miembros de pueblos indígenas se habrían sentido sin opciones adecuadas y, por ende, habrían optado por la protesta social que en algunos casos implicaría la comisión de actos contrarios al orden público".
Abya Yala, Argentina- La ONU denuncia violaciones a los derechos humanos de los indígenas argentinos. (sep12-Juan Gasparini-periodicotribuna.com.ar-ayi) “DESPRO
TECCIÓN, DISCRIMINACIÓN Y REPRESIÓN CRÓNICA”.

El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el estadounidense James Anaya, acaba de publicar un informe revelador de la exclusión social, inseguridad jurídica, usurpación de tierras y la miseria que viven los pueblos autóctonos en Argentina, documento que refleja la misión de visita que realizara al país a fines de 2011, cuya presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está programada para el próximo 18 de septiembre 2012 en Ginebra.

Compuesto por 47 Estados elegidos anualmente mediante el voto secreto de la Asamblea General de la ONU, del que Argentina hoy es observador, el citado Consejo tiene previsto llevar a cabo ese mismo día un debate sobre el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en el mundo, con la intervención de panelistas de Malasia, Australia, Rusia, México y Kenya, e incluso votar luego una resolución para promover y reforzar el respeto de los derechos de esos pueblos, hacia el cierre de la sesión, entre el 26 y 28 de septiembre de 2012.

Por cierto, el tema de los pueblos indígenas figura en la agenda del Examen Periódico Universal (EPU), al que se va a someter Argentina el 22 de octubre venidero también en Ginebra, un mecanismo de control integral sobre el conjunto de los derechos humanos, en el que son invitados a formular recomendaciones los 193 Estados constitutivos de Naciones Unidas, y las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), con la asistencia de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, la sudafricana Navi Pillay, reunión que aguarda la presencia de representantes de la sociedad civil y periodistas procedentes de Argentina para dar cuenta de las deliberaciones.

Los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU son expertos independientes designados por consenso, de alta capacidad técnica y estatura moral, que bregan con autonomía de su nacionalidad y de acuerdo a la libertad de conciencia individual. No cobran sueldo por el trabajo al servicio de Naciones Unidas, que solo les cubre los viáticos para asumir el mandato, cuya duración es de tres años, renovable por otros tres años una sola vez. La Relatoría a cargo de Anaya se ocupa de defender los derechos de 370 millones de indígenas dispersos por el planeta; el 5% de la población del globo, que significan el 90% de la pluralidad cultural, y sus tierras el 80% de la biodiversidad.

Las conclusiones de la visita del relator Anaya a la Argentina muestran una desprotección, discriminación y represión crónica para con sus 2 millones de indígenas, aunque las cifras oficiales alcanzan a 600.329, el 1,7% de la población actual. Se trata de una heterogeneidad de 30 pueblos oriundos de superficies que en el presente se extienden en ciertas provincias del norte y del sur, quienes todavía sufren las secuelas del exterminio que padecieran durante la colonización del siglo XIX.
Sus exponentes más numerosos son los mapuches en Patagonia, y los kolla, tobas y wichí en las provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Formosa y Santa Fe.

Las dificultades para reivindicar sus originarias "tierras y recursos naturales y de otros derechos, como la revitalización de sus culturales, costumbres y lenguajes", se suma a la "desventaja que sufren los pueblos indígenas en diversos ámbitos, la falta de una adecuada protección de sus derechos sobre sus tierras tradicionales, y el continuo desarrollo de patrones de marginalización y de discriminación hacia ellos", detalla el informe de Anaya, cuyo enlace para su consulta electrónica se ofrece al pie de esta nota.

Anaya, un catedrático norteamericano de ascendencia indígena, resalta el conflicto, aún sin solución en Argentina, que "deriva de la desposesión histórica de grandes extensiones ... por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras que operan en tierras reclamadas por comunidades indígenas", cuya su casi totalidad no ha conseguido "un reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupación tradicional".
Tras recoger alrededor de 170 testimonios y concretar sus propias investigaciones en 10 de las 23 provincias del país y en la Capital Federal, la ciudad autónoma de Buenos Aires, Anaya constata que Argentina carece de "un procedimiento para la titulación de tierras indígenas".

Tampoco dispone de "un programa de relevamiento ... (para resolver) los casos en los que una comunidad afirme un derecho de restitución de tierras de las que hayan sido desposeídas recientemente o donde existan reclamos por reconocimientos de territorios superpuestos entre comunidades y propietarios privados", con el agravante que no hay un plan para reparar el expolio de tierras acontecido "generaciones atrás", encontrándose ahora sus descendientes "dispersos en zonas urbanas".

La "promoción de proyectos de industrias extractivas y agropecuarias" en torno a tierras ligadas consuetudinariamente a los indígenas, los "vacios y perplejidades en cuanto al deslinde de competencias sobre la explotación y administración de recursos naturales", agregado al "avance de la frontera agrícola" y los desalojos y emigración forzada a las grandes urbes que ese fenómeno trae aparejado, junto al desmonte de "cientos de miles de hectáreas de bosques" y la propagación o abandono de factorías mineras y petroleras contaminantes para el ser humano y que dañan la ecología, han cercenado los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en la Declaración Universal que le consagrara la ONU en 2007, ratificada por la Argentina, resume Anaya.

Tales "actividades" han "severamente limitado" el disfrute de los pueblos indígenas del "acceso y la disponibilidad de los animales de caza y pesca, plantas y miel de recolección, materiales para la construcción de viviendas", y "de los sitios de importancia cultural y espiritual, como cementerios". Se añaden sus repercusiones negativas para la alimentación y la subsistencia de las comunidades, con estragos en la salud por el "uso de agro-tóxicos para la fumigación de cultivos".

La Argentina asimismo ratificó, en el año 2000, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece los principios de consulta y búsqueda del consentimiento de las poblaciones indígenas para con los proyectos energéticos, agrícolas y mineros en sus territorios, pero los sucesivos gobiernos la acatan deficitariamente, o la ignoran. "No existe ley o política alguna, tanto a nivel federal como provincial, que regule un procedimiento de consulta", ni "procesos que "cumplan con los estándares internacionales", deplora Anaya.
Subraya que los indígenas "no participan directamente de los beneficios económicos derivados de esos proyectos", y que las instancias gubernamentales, y las empresas, han llegado a otorgar "personería jurídica a comunidades indígenas ficticias", en desconocimiento "de las autoridades tradicionales reconocidas con el objeto de dirigir los arreglos y negociaciones a través de ellas".

"La superposición de parques nacionales y áreas protegidas sobre áreas habitadas o utilizadas por pueblos indígenas", engendran "desafíos continuos para el acceso de los pueblos indígenas a las tierras y recursos naturales dentro" de esas regiones, sostiene Anaya.
La denominación "de sitios de Patrimonio de la Humanidad en tierras ocupadas por pueblos indígenas, como la Quebrada de Humahuaca", proclamada en el 2003 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), "produjo un gran aumento del turismo y el valor económico de las tierras que usan y ocupan pueblos indígenas en la zona". Sin embargo, a "raíz de ello, la provincia ha entregado títulos de tierras a extranjeros inversionistas, ocasionando, según la información obtenida, el despojo de tierras de las comunidades indígenas aledañas y la reducción de sus recursos de agua", consigna Anaya.

La gran cantidad de desalojos de comunidades por decisiones de los tribunales que han favorecido "los derechos de propiedad privada de individuos o de empresas por encima de las formas colectivas de propiedad indígena", a veces menospreciando el reconocimiento de comunidades inscriptas en el registro del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), autoridad estatal en la materia, ponen en evidencia, siempre en línea con las observaciones de Anaya, "que la mayoría de los tribunales provinciales desconocen o no consideran debidamente la legislación nacional e internacional sobre pueblos indígenas", haciendo así alusión a la Ley 26160 de 2006, y su prórroga, la Ley 26554, referencias para gestionar y arbitrar potenciales litigios, a la Declaración Universal de la ONU y al Convenio 169 de la OIT.

Esa "vulnerabilidad frente a los desalojos o los proyectos que los afectan" ha detonado la protesta indígena, dando curso a la movilización que ha sido criminalizada por las fuerzas de seguridad del Estado, "generando momentos de violencia y hasta han ocasionado la pérdida de la vida de miembros de pueblos indígenas", y desencadenando procesamientos de "muchos individuos indígenas" por "supuestos" delitos. Anaya critica "un uso desproporcionado de la fuera por parte de la policía y que estos hechos han permanecido impunes mientras miembros comunitarios han sido imputados por sus actos de protesta".

Las condiciones sociales y económicas de extrema pobreza que se vienen de abreviar, son a su vez la causa de desniveles significativos "en comparación con los sectores no indígenas". Esto se verifica en la precariedad de la salud por la persistencia de la desnutrición, por la escasez de viviendas, en dificultades para procurarse agua potable y alimentación, y en la educación de los indígenas. Los ejemplos son más flagrantes en las mujeres y niñas, manifiesta Anaya: faltan escuelas, particularmente en la enseñanza secundaria y en las comunidades rurales.

No obstante, las normas nacionales vigentes les reconocen a los pueblos originarios el derecho a la educación bilingüe e intercultural aborigen, la "alfabetización; recuperación y fortalecimiento del conocimiento ancestral en comunidades indígenas, y apoyo para estudiantes indígenas en los niveles superiores". De allí que para Anaya, con esta base legal, la penuria no encaje con la calificación sobresaliente de la Argentina, catalogada por Naciones Unidas "entre los países de muy alto desarrollo humano".

Con la noble intención de sacar a los indígenas de la postración y ofrecerles un futuro de igualdad de posibilidades y alternativas como a los demás habitantes del mapa nacional, Anaya eleva al gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner, 34 recomendaciones, sobre las que podrán pronunciarse los diplomáticos argentinos el 18 de septiembre 2012 durante el "dialogo interactivo" que su informe va a suscitar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Ante todo, resulta evidente para este Relator que la Argentina debe regularizar el marco legal e institucional, y adaptarlo a las exigencias internacionales de los instrumentos vinculantes adoptados. Aporta la prueba que Argentina debe colmar las diferencias que se dan en virtud de "la jurisdicción concurrente entre el Gobierno federal y las provincias". Y a su entender se impone actualizar los Códigos (Civil, Penal y Minero), acondicionar la "coherencia y uniformidad de las disposiciones legislativas", y atribuir los presupuestos necesarios a tal efecto.

Al tiempo, el relator Anaya le pide a la Argentina "elaborar" reglas de consulta con los pueblos indígenas en lo concerniente a sus derechos reconocidos, para "obtener su consentimiento libre, previo e informado" sobre todos los proyectos relacionados con sus tierras. En ese contexto aconseja se hagan los estudios pertinentes de "demarcación y reconocimiento legal de territorios", y de influencia en el medio ambiente, gozo de recursos naturales como el agua, derecho a la alimentación, personería y seguridad jurídicas, y garantizar un "estatus de ciudadanía" para los pueblos afincados "en zonas fronterizas de Argentina", como el nivacle, vecino al Paraguay, que viene clamando tener documentos de identidad argentinos.
Sugiere que se prevean "medidas adecuadas de mitigación de impactos, reparación y justa compensación a las comunidades indígenas afectadas por los daños ambientales y a la salud ocasionados por los proyectos que actual o anteriormente han operado en o cerca de territorios habitados por pueblos indígenas".

Anaya le solicita a la Argentina "investigar las alegaciones de serias irregularidades en los procedimientos relacionados con proyectos agropecuarios y extractivos existentes, con el fin de desarrollar nuevos procesos de consulta, si estos fueran considerados necesarios". Una metodología equivalente de consulta es imprescindible para "revisar" las políticas de crear parques nacionales y aéreas protegidas de modo que "no perjudiquen los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales dentro de esas aéreas", y que les fuera posible aprovechar de los beneficios turísticos y de otra índole "que pudieran ofrecer estos sitios".

La Argentina es invitada a "eliminar las barreras que limitan el acceso a la educación" y abolir "los problemas estructurales que enfrentan las mujeres y niñas indígenas" en ese aspecto, y "asegurar que las niñas indígenas que se encuentran estudiando en las escuelas albergues en áreas urbanas no enfrenten condiciones que las dejan vulnerables a la discriminación y el maltrato".
Si bien es satisfactorio el nivel de accesibilidad a los servicios gratuitos de salud del Estado, el Relator hace paralelamente la petición "de ampliar las horas de atención, el número de profesionales que atienden a los pacientes, y la cantidad de medicamentos disponibles en los centros de salud especialmente en las áreas rurales", donde deben reunirse las condiciones de no discriminación, y asegurar que los pueblos indígenas "puedan comunicarse y comprender a los funcionarios del sistema de salud".

Para Anaya la Argentina debería aspirar a que los pueblos autóctonos "promuevan el manejo propio de sus recursos naturales y la auto-suficiencia económica de sus comunidades". Para conquistar ese objetivo, la ONU insta al Estado a "eliminar los impedimentos que puedan enfrentar los pueblos indígenas en el acceso a la justicia", y a suspender "todos los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenas hasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas por los pueblos indígenas". No habría mejor camino en ese sentido que "revisar la política penal aplicada en los últimos años", y "adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia, las amenazas e intimidaciones contra los miembros de pueblos indígenas", al unísono para "funcionarios" y "particulares".

La mejor salvaguarda, finaliza el mandatario de la ONU, que no se repitan injusticias y violencia, sería que el gobierno argentino no caiga en la tentación de criminalizar las luchas sociales. Le encomienda organizar un método con criterios legales que habiliten a los pueblos originarios una vía pacífica para "reivindicar los derechos a las tierras tradicionales indígenas por la pérdida de sus tierras". Se establecería en esa dirección un ambiente no propicio al "enfrentamiento en el que algunos miembros de pueblos indígenas se habrían sentido sin opciones adecuadas y, por ende, habrían optado por la protesta social que en algunos casos implicaría la comisión de actos contrarios al orden público".

jueves, 8 de noviembre de 2012

PRIMER CANAL DE TV DE PUEBLOS ORIGINARIOS


lunes, 10 de septiembre de 2012

ENOTPO: Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita del Val...

ENOTPO: Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita del Val...: Reforma del Código Civil y Comercial - Audiencias en Tucumán. "Soy sobrina de  Javier Chocobar, quien fue asesinado el 12 de octubre de 2...

miércoles, 1 de agosto de 2012

MISIONES ONLINE-ARTICULO DE OPINION-

Artículo escrito por Anibal Silvero. Misiones.
miércoles 1 agosto 2012

Roca, el rostro que el pueblo Evita

En una reciente columna de opinión (http://www.misionesonline.net/opinion/leer/1818 ), el estimado contador Carlos Andrés Ortiz hace una notable defensa del ex presidente argentino Julio Argentino Roca, principal operador de la llamada “Conquista del desierto”.
La columna de opinión tiene como objetivo “dar su debida y justa importancia a la figura central de la vida institucional argentina, que fue el General y dos veces Presidente constitucional Julio Argentino Roca.”
Es “apodado “el zorro” por su notable astucia política”, calcaOrtiz a Roca, aunque no aclara que astucia política no siempre es signo de humanismo, ni necesariamente es una variable positiva para los pueblos, como no lo es Maquiavelo, que gozaba de ese talento, o de Hitler, cuya “astucia” llevó a una de las masacres más grandes de la historia.
Luego sostiene, siempre refiriéndose a Roca, “como hacían imperativas las circunstancias, tomó posesión efectiva de la vasta Patagonia Argentina, debiendo enfrentar a poblaciones de nativos hostiles, que no eran por cierto “carmelitas descalzas””. En una visión parcial el columnista ofrece la vieja dicotomía de los indios versus el Estado Argentino, como una concepción uniforme y, por bien del progreso, cómo no, la única salida es aniquilar a los salvajes. Si los indios no se hubiesen resistido a la invasión, seguro se hubieran convertido en carmelitas descalzas para la historia, que pronto los hubiera olvidado. Prefirieron morir de pie a vivir arrodillados, aún sabiendo que quedarían estigmatizados en la historia como los salvajes. Pero si nos tocase vivir en aquel tiempo entre las tribus de mapuches y tehuelches, sin duda llamaríamos salvaje al ejército de Roca, pero ya se nos ha dicho que la historia la escriben los que ganan.
Lo cierto es que, en primer lugar, el pensamiento occidental nos ha comido el coco que una de las formas necesarias de progreso de un pueblo es por medio del sometimiento de una civilización con muchos recursos armamentísticos a otra con pocos recursos armamentísticos. Pero, para ser justos, lo primero que debemos desechar de nuestro vocabulario, es la palabra “conquista” de estos sucesos históricos: “la conquista del desierto”, “la conquista de América”, primero reemplacemos el término por “invasión”, y nos acercamos un poco más a la verdadera historia. Nadie nos cuenta que, por ejemplo, China poseía en la época del “descubrimiento” de América barcos muy superiores a los de los invasores españoles, ingleses y portugueses, y que mucho antes que ellos, los chinos recorrieron todo el mundo con sus embarcaciones, en forma diplomática, sin embargo no mataron masacraron ni aniquilaron las poblaciones indígenas que habitaban África y América, a pesar que conocieron la pólvora antes que los occidentales. Uno con el pensamiento inculcado socialmente se podría preguntar “¿por qué no lo hicieron?”, pero si pudiésemos extirpar por un momento los conceptos que nos implantaron desde siempre, la pregunta coherente sería: “¿ Y por qué iban a hacerlo?”. Esta pregunta es importante así que no está demás repetirla: “¿Y por qué iban a hacerlo?”.
La invasión que tanto pregona Occidente en millones de libros y en miles de películas de Hollywood parece ser la única salida para el cambio social y productivo, ¡patrañas!. Mal de muchos, consuelo de tontos, dice un refrán popular, y resulta que ahora nuestra mente sodomizada por los parámetros imperialistas, sólo acepta la evolución cuando en ella se vierte sangre, llanto, dolor y miles de muertes: todo eso se justifica para ascender un peldaño en la evolución humana.
Pero Ortiz continúa en su análisis: “con interpretaciones históricas cargadas del antimilitarismo con tintes anarco-marxistas, personajes como Osvaldo Bayer y Juan Pablo Feinmann, abonan a la demonización de la figura de Roca, y hacen contribuciones a odios potencialmente incurables, evidenciando que poco o nada parecen importarles la realidad ni las prioridades estratégicas de la Nación Argentina.”
Pues bien, ahora que descubrimos que Osvaldo Bayer es anarco-marxista y Feinmann un antimilitarista, y que a ellos, no les importa la realidad ni las prioridades estratégicas de Argentina, y que además contribuyen a odios potencialmente incurables, podemos pensar que Roca debe coexistir de igual a igual con Evita en los billetes de cien pesos, como sostiene el opinador.
Finalizando su columna, el contador nos dice: “En síntesis, no puede parangonarse un personaje de la Historia Argentina como Julio A. Roca, que a su modo y en su contexto histórico, hizo claras contribuciones a la Grandeza Nacional –sic, con mayúsculas-, con otros personajes muchísimo más discutibles, como Rivadavia y Mitre, entre otros”.
En fin, pareciera que toda la exposición de Ortiz se refiere a su deseo de que coexistan la figura de Roca y Evita en los billetes de cien pesos en la Argentina, lo que no me parece una locura. Lo que sí me parece una exageración, es esa manía de justificar el progreso a base de violaciones, secuestros y masacres. Eso es un exabrupto occidental. Sería bueno que los roquistas, como Ortiz, no confundan los tantos, que en cada billete de cien pesos, a partir de ahora, una mujer de la talla de Evita nos estará mirando.

miércoles, 25 de julio de 2012

NIÑEZ EXPUESTA A EXTREMA VIOLENCIA

JUEVES 26 DE JULIO, A LAS 15 HORAS.
OFICINAS UNICEF SANTIAGO.
**********************************************
PARA REPUDIAR LA VIOLENCIA A LA NIÑEZ MAPUCHE Y HACER DENUNCIA INTERNACIONAL DEL ATROPELLO A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS MAPUCHE.
NO MAS HERIDOS NI CRIMINALIZADOS EN LA VIOLENCIA ESTATAL.
... DENUNCIAR LOS BALEOS, HERIDOS Y DETENCIONES DE LOS MENORES DE LAS COMUNIDADES EN RESISTENCIA.
**********************************************
APOYA... ASISTE... DIFUNDEEE!!!!!
Ver más
ads not by facebook

miércoles, 11 de julio de 2012

BOLIVIA NACIONALIZARA MINA CANADIENSE POR PRESION INDIGENA.-AMERICA ECONOMIA-

Bolivia nacionalizará mina canadiense por presión indígena


Grupos indígenas que demandaban la salida de South American Silver del incipiente pero prometedor proyecto minero Mallku Khota, llevaron al presidente a tomar la decisión luego de protestas que dejaron un muerto y una decena de heridos.
Morales proclamó la riquezas minerales de Mallku Khota estarán bajo exploración y explotación del gobierno nacional con participación de pobladores de la zona.


La Paz. El presidente de Bolivia, Evo Morales, decidió este martes anular una concesión minera de la compañía canadiense South American Silver, en la segunda nacionalización que hace en un mes bajo la presión la demanda de movimientos sociales.
Grupos indígenas que demandaban la salida de South American Silver (SAS) del incipiente pero prometedor proyecto minero Mallku Khota -de plata, indio y galio- llevaron al presidente a tomar la decisión luego de protestas que dejaron un muerto y una decena de heridos.
3Muro
Tres semanas antes, Morales decretó la reversión a dominio estatal de la mina de estaño y zinc Colquiri, que explotaba el grupo suizo Glencore, con lo que aplacó una dura disputa entre mineros asalariados y cooperativistas por el control del yacimiento que había sido privatizado en la década pasada.
A diferencia de Colquiri, una mina explotada ya por varias décadas, Mallku Khota es por ahora sólo un prospecto, en el que SAS dijo que ha descubierto un gigantesco yacimiento de clase mundial que preveía explotar eventualmente después del 2015.
SAS es una minera “junior" que había anunciado una inversión de hasta US$50 millones en la exploración del yacimiento, que concluiría en el 2015.
El cambio de contratos era el modelo de “nacionalización que Morales había decidido para el sector minero, en contraste con las estatizaciones por decreto y sin negociación previa ejecutadas en el último quinquenio en las industrias de hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad.
No se conocía un informe actualizado sobre la inversión ya realizada por esa empresa que compró en el 2006 la concesión minera de Mallku Khota a la también canadiense General Minerals Corporation, según un reporte de la local Asociación de Mineros Medianos.
"La empresa (SAS) enfrentó a hermanos, cuñados, primos, vecinos ¿Cómo entre hermanos vamos a estar enfrentados por una empresa trasnacional que viene a saquear nuestros recursos naturales?", dijo Morales al justificar el acuerdo firmado por indígenas y ministros en el Palacio de Gobierno de La Paz.
Nacionalización v/s cambios de contratos. La “nacionalización de las minas Colquiri y Mallku Khota contradice anuncios oficiales previos de que el gobierno negociaba cambios de contratos con todas las firmas extranjeras que operan en la minería del país, buscando imponer una mayoría estatal en toda la industria.
El cambio de contratos era el modelo de “nacionalización que Morales había decidido para el sector minero, en contraste con las estatizaciones por decreto y sin negociación previa ejecutadas en el último quinquenio en las industrias de hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad.
Un portavoz de SAS en Bolivia rehusó comentar de inmediato sobre el acuerdo al que llegó el gobierno con los indígenas, quienes estaban divididos en grupos a favor y en contra del proyecto.
El conflicto había alcanzado su máxima tensión la semana pasada por el secuestro de cinco trabajadores de la empresa canadiense, quienes fueron liberados el fin de semana tras un compromiso preliminar del gobierno de analizar la “nacionalización del proyecto minero".
Morales proclamó la riquezas minerales de Mallku Khota estarán bajo exploración y explotación del gobierno nacional con participación de pobladores de la zona.
"La empresa nos ha dividido, pero la unificación ha logrado que los recursos naturales sean de los bolivianos y para los bolivianos (...) Que el Estado se haga cargo y no una transnacional", dijo uno de los líderes de la protesta, Benedicto Aguilar, primero en castellano y luego en quechua

IDIOMA Y CULTURA MAPUCHE


NGUILLIPUN O NGUILLATUN: es la demostración de fe más importante de nuestro pueblo y la expresión máxima de la religión milenaria mapuche. Por milenios el pueblo mapuche realiza cada año la rogativa a la madre tierra al padre sol, a las estrellas, los volcanes, el viento, el mar, los lagos, a todas las fuerzas superiores que componen la vida y la existencia del cosmos. Todo es sagrado para el mapu...che, desde el más pequeño insecto hasta la luz de las estrellas, desde la mirada hasta el idioma, el amanecer, el color del sol, todo componente tiene su par, el hombre la mujer, la vida la muerte, todo tiene energía vital porque todo está hecho de una sola cosa, de la pequeña partícula llamada Nehuen, el ave más pequeña tiene los mismos derechos que los hombres. Los ríos y el viento deben ser libres porque son el néctar de los que se alimenta la vida. Si los mapuche no pedimos permiso ni agradecemos por todo lo positivo que sucede no seriamos dignos hijos de la tierra, ese mandato y esa herencia nos dejaron los ancestros y debemos continuarla porque si se acaban los pensamientos y conocimientos de pueblos originarios como el nuestro, la tierra tendrá menos esperanzas de continuar respirando.
Lemunao Nestor Fabian

lunes, 9 de julio de 2012

IDIOMA Y CULTURA MAPUCHE

duerme trankila pekeña malen
y viaja al mundo de nuestros peumas
a esas tierras calidas y azules
y konversa con los abuelos
y pideles consejos a ellos
siente como nuestro mapuche dungun
canta junto a la naturalesa

duerme trankila malen
... ke los weichafes estan limpiando
nuestra tierra
de los hombre malos,
y estan plantando en ella
semillas de libertad para nosotros

duerne..duerme pixi malen
ke los werkenes nos traeran buenas noticias
y nos diran ke por los cuatro puntos de la tierra
nuestros hermanos estan despetando
y ke los vientos, el fuego, el mar,las estrellas
acompañan ese despertar.

duerme trankila pekeña niña
ke el fuego esta calentando nuestra ruca
para cantarte canciones de los antiguos
y entregarte la sabiduria de tu gente
para entregarte un corazon ke palpite al ritmo del kultrun
y salte al toke del kull kull

despierta pekeña niña mapuche
y mira el kalfu wuenu
y hazte valiente como el mar
y fuerte como un xalkan

despierta pichi malen
toma nuestra bandera azul
y recuerda tu peuma
saluda a nuestro foye y kuentale a el
lo ke tus abuelos te enseñaron
hoy, en tus sueños.
camina hacia el leufu y kantales esas cancionces
de los antiguos abuelos.
Ver más

domingo, 8 de julio de 2012


Chaco. Alarmante caceria y muerte de aborigenes por la policia avalado por el gobierno

Esto responde a una "caceria" de aborigenes que son perseguidos, desaparecidos y muertos que se realiza con total impunidad, demostrando un verdadero desprecio por la vida humana. Como en la antiguedad lo hacian los invasores europeos, en la cual los aborigenes no se podian defender y nadie daba a conocer estos aberrantes hechos que existian. Hoy en el 2012, en la poca de la revolucion informatica, que esto ocurra en la provincia del Chaco y que estos policias actuen con total impunidad significa que es avalado por la cupula policial y por los propios funcionarios de este gobierno.






Daniel Néstor Patricio de 32 años, padre de 7 hijos, y era intensamente buscado por su familia desde el martes 3 de julio y la mayor precupacion de la familia era que Daniel era perseguido por los efectivos del 911 al momento de su desaparicion, temiendo el peor desenlace. Daniel Nestor Patricio fue hallado sin vida en las aguas del Rio Negro.


El dato alamante es que no hace un mes que otro aborigen habia "desaparecido" y hallado muerto en la misma zona y con el mismo "modus operandi"


Miguel Alejandro Fernández, de 23 años, el joven aborigen quien era buscado desde el viernes 8 de junio pasado cuando se ausento de su domicilio en el barrio Chiliyí. Su cuerpo, sin ropa, fue encontrado el jueves 14 de junio por la tarde, flotando en una laguna cercana al barrio.








POESIA MAPUCHE EN FOTOS

POESIA MAPUCHE EN FOTOS



LUNA MUJER DE PLATA



Hombres y mujeres libres
...
No han dejado de transitar

Por estas negras trenzas de plata

Y mi sangre morena

Detona en tu cara

De cobardías múltiples

No

Reconocidas

Oficialmente por tu razón.

Y reconocidas

Oficialmente por tu corazón.


WIRIN KARLA GUAQUIN-CHILWE WAPI

sábado, 7 de julio de 2012

CAMINO INCA EN MACHU PICCHU

ANDINA: AGENCIA PERUANA DE NOTICIAS



Estaba oculto entre espesa vegetación, a más de 3,600 metros de altura17:13Descubren camino inca que conduce al santuario Machu Picchu
Cusco, jul. 06 (ANDINA). Un camino inca de más de cuatro kilómetros, paralelo al tradicional que conduce a Machu Picchu, fue descubierto por un grupo de especialistas y técnicos de la Dirección Regional de Cultura (DRC) de Cusco, que realizaba trabajos de conservación, anunciaron hoy especialistas.
Descubren tramo del Camino Inca en Machu Picchu. Foto: DRC de Cusco.
Descubren tramo del Camino Inca en Machu Picchu. Foto: DRC de Cusco.
1 de 2
Oscar Montufar La Torre, arqueólogo residente del Camino Inca a Machu Picchu, señaló a la Agencia Andina que se trata de una vía empedrada de 1.70 metros de ancho, que se bifurca en el sector Chaquiccocha (kilómetro 24 del tradicional Camino Inca a Machu Picchu) y llega al conjunto arqueológico de K’antupata.
Se vuelve a unir al camino tradicional a la altura del kilómetro 33, entre los conjuntos arqueológicos de Inti Punku y Wiñayhuayna (de este último al santuario de Machu Picchu hay 3.7 kilómetros de distancia).
A lo largo de la ruta hay muros de contención de hasta diez metros de altura, muros de retención, un túnel de diez metros con 28 escalinatas, estribos de un puente de cinco metros, drenajes, canales, escalinatas y miradores, detalló.
Destacó que el tramo descubierto, de cuatro kilómetros y 31 metros lineales, a más de 3,600 metros sobre el nivel del mar, mantiene intactas sus características originales en un 70 por ciento, aunque cubierto de musgo y varias especies de orquídeas y helechos.
El 30 por ciento restante fue dañado por deslizamientos de tierra y la espesa vegetación de la zona, indicó.
Para Montufar La Torre, el hallazgo evidencia la existencia de una gran red vial, que tuvo fines reales, administrativos y militares, “es por eso que se evidencian varios caminos en un mismo lugar”, acotó al precisar que este tramo está dentro del parque arqueológico de Machu Picchu.
“El hallazgo es muy importante porque se da después de 500 años; esto reafirma que las construcciones arquitectónicas de los incas fueron firmes y se mantuvieron. Es importante también para fortalecer el proyecto Qhapaq Ñan”, resaltó.
K’antupata es un complejo arqueológico descubierto en la década de los ochenta del siglo pasado, que registra pinturas rupestres, sectores urbanos y agrícolas, fuentes de agua, plazas hundidas, una plaza triangular y escalinatas.
El director del parque arqueológico de Machu Picchu, Fernando Astete Victoria, adelantó que solicitarán autorización al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) para retirar la vegetación que cubre el referido camino y trasladar las especies endémicas. Este trabajo demoraría un año.
Luego de ello, dijo, se formulará un proyecto de investigación y, posteriormente, se procederá a la puesta en valor, que tardaría un año y medio.
“Es muy importante para el parque arqueológico poner en valor y mostrar este nuevo camino a la comunidad científica, con ello estamos demostrando que los incas fueron grandes constructores de redes viales”, finalizó Astete Victoria.

(FIN) PHS/JOT
Fecha: 06/07/2012

lunes, 25 de junio de 2012

PUNTA QUERANDI-SITIO SAGRADO INDIGENA

Jueves 21 de junio de 2012
Fuerte reconocimiento a Punta Querandí en el pueblo donde vive el Gobernador
La lucha en defensa del sitio sagrado indígena, en conflicto con los barrios privados, alternó entre dos importantes hechos en las últimas semanas. Por un lado, sus protagonistas repudiaron al fundador de Buenos Aires, Juan de Garay, y sacaron "del olvido" su ajusticiamiento por parte del cacique Manuá. Por el otro, en el pueblo de Villa La Ñata, a orillas del río Luján, donde reside el actual gobernante bonaerense, obtuvieron un significativo respaldo de la Sociedad de Fomento, que los invitó a participar del tradicional desfile del 25 de Mayo junto a las demás instituciones de la localidad de Dique Luján. Por Indymedia Pueblos Originarios.

Por ANRed - L (redaccion@anred.org)

Viernes 25 de mayo, fecha patria y aniversario de la Sociedad de Fomento de Villa Ñata, fundada en 1959. Una remarcada presencia indígena, sumado a la presencia de whipalas -emblema andino que suele identiicarse con los pueblos originarios-, cambia un poco la fisonomía de la actividad. Un hombre vestido a lo gaucho consulta sobre el significado de los colores de la whipala. "Avancen pueblos querandíes", se escucha desde el escenario frente a la institución, en la calle costera del Canal Villanueva.

Unas 25 personas comienzan a caminar, son vecinos y miembros de pueblos originarios del paraje Punta Canal, donde se ubica el sitio en lucha, pero también de Benavídez, Talar y Garín. "Milenario y misterioso Punta Querandí", dice la bandera que presenta al lugar en conflicto que, de a poco, con mucha constancia, fue haciéndose conocido en el pueblo.

Los acontecimientos a veces suceden con tanta rapidez, que no dejan mucho tiempo para detenerse a pensar en los alcances que éstos llegan a tener . "Fue emocionante, toda la gente aplaudió cuando pasamos con el desfile y desde el acto nombraron a los pueblos originarios, a los querandíes. Después compartimos una locreada y música con todo el pueblo", recuerdan desde el Movimiento en Defensa de la Pacha, como si fuese algo que pasó hace mucho tiempo.

"En este día patrio, recordamos que las comunidades indígenas fueron una parte fundamental en las luchas por la liberación del yugo español. Aunque muchas veces ignorados por la historia oficial", expresaron los integrantes de de la lucha de Punta Querandí en su saludo a los vecinos del pueblo, que fue leído por el locutor del acto.

Las otras instituciones que participaron en el desfile fueron Bomberos Voluntarios, la Escuela 16 "Reconquista", el Centro de Jubilados, el Merendero Madre Teresa de Punta Canal y el Centro Tradicionalista "El fogón de Tigre", entre otros.

Con esta invitación al evento, la Sociedad de Fomento de Villa La Ñata hizo un reconocimiento a los pueblos originarios, y respaldó concretamente la lucha por los sitios ancestrales en peligro. Además de Punta Querandí, en esa localidad también existen los espacios sagrados de Rancho Largo y La Bellaca, rodeados de emprendimientos inmobiliarios de gran escala.

El apoyo cada vez más fuerte a los reclamos indígenas se da en coincidencia con el malestar vecinal generado por la pérdida de espacios naturales, públicos e históricos del pasado reciente (Entrevista a un joven de la Fomento: “Los countries nos vienen sacando lugares y reservas”). También hay que decir que no fue la primera muestra de adhesión del pueblo, ya que en mayo de 2010, a comienzos del acampe para defender este lugar, el Movimiento en Defensa de la Pacha fue invitada como institución local al acto del Bicentenario ("Dique Luján abrazó a los pueblos originarios").

Punta Querandí es un sitio arqueológico, sagrado, educativo y público, recuperado entre los barrios privados, que contiene restos materiales y humanos de los pueblos originarios de hace mil años. Este lugar, que coincide con la ex parada ferroviaria Punta Canal, quiso ser destruido por el empresario Jorge O’Reilly, directivo de EIDICO, una de las principales desarrolladoras del país. Distintos sectores sociales, principalmente integrantes de organizaciones indígenas, nucleados en el Movimiento en Defensa de la Pacha, lograron protegerlo y convertirlo en un espacio cultural de referencia.

PUNTA QUERANDÍ Y EL PODER PROVINCIAL

Se ha escrito mucho sobre este conflicto, aunque posiblemente se haya pasado por alto un dato: el gobernador Daniel Scioli es vecino de la localidad donde se encuentra, y su helicóptero es parte del paisaje que se visualiza desde este territorio en conflicto. Además, el mandatario reside a escasos cientos de metros de tres reconocidos sitios ancestrales con enterratorios llamados La Bellaca.

Según el periodista Horacio Verbitsky, el gobernador está vinculado a EIDICO a través de su secretaria de medios de comunicación, Dolores O’Reilly (Leer nota de Verbitsky). A pesar de esto, fue un organismo de la gestión Scioli el primero en respaldar oficialmente a Punta Querandí, en septiembre de 2011. El Consejo Provincial de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Derechos Humanos, elevó al Gobierno de Tigre un dictamen donde se reconoce la importancia arqueológica y cultural de este sitio. Claro que antes, en el 2010, el área bonaerense a cargo del patrimonio arqueológico había dado el visto bueno para que la desarrolladora de barrios privados disponga del terreno, al aprobar los estudios realizados por un equipo de arqueólogos contratados por la empresa.

Fuente y más fotos: Indymedia Pueblos Originarios